En el mes de mayo publicamos datos oficiales referidos a la desaparición de niños, niñas y adolescentes. En 2023 hubo 1200 Loan. El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas computó la búsqueda de 3115 niños /as, adolescentes; fueron encontrados 1905.
Mientras las proyecciones daban cuenta de un aumento importante de una red que atrapa, el Estado argentino avanzaba en reducir los controles, proponiendo una mirada especial, moderna, tecnológica, veloz, toda una manifestación de desinterés o una política pensada en sectores altos y que ofrece fronteras abiertas para la mayoría de la población.
El problema y todos los riesgos imaginables está en el Decreto 5/2025 publicado el pasado 30 de enero en el Boletín Oficial. El Gobierno nacional oficializó la eliminación de la obligación para las empresas de transporte de verificar la documentación de menores de edad antes de permitir su embarque en servicios internacionales porque está en proceso un código QR en el Pasaporte que convertirá a personas sin mayoría de edad en ciudadanos del mundo.
El trabajo que realiza Ricardo Vago encuentra eco en diputados nacionales que comprenden los riesgos, que pueden ser irreparables. El autor del proyecto de resolución es el diputado Esteban Paulón y lo acompaña su par, Mónica Fein, ambos del PS.
Solicita a los organismos competentes del Poder Ejecutivo nacional que informen acerca de la flexibilización de las regulaciones y controles en materia de egreso del país de niñas, niños y adolescentes (NNyA), en particular sobre la generalización de las denominadas “autorizaciones amplias”, en el marco de las disposiciones DNM 676/2025 y DNM 166/2025 de la Dirección Nacional de Migraciones, complementadas por la disposición RENAPER 373/2025 del Registro Nacional de las Personas:
Veamos el formulario del caso en Moreno que encendió el interés periodístico de las veloces «autorizaciones amplias»:
La resolución se compone de 16 preguntas y FUNDAMENTOS que ratifican la preocupación periodística que publicamos en varias oportunidades. Escribe el diputado Paulón: «El presente proyecto de resolución se fundamenta en la preocupación que suscita la creciente flexibilización del régimen regulatorio del egreso del país de niñas, niños y adolescentes, y particularmente la extensión de la denominada utorización amplia, que habilita a viajar solos/as, o sin el acompañamiento de su/s responsable/s parental/es, a cualquier destino y sin límite temporal hasta alcanzar la mayoría de edad, o hasta el vencimiento del pasaporte según el caso. Dicha herramienta, concebida originalmente como excepción de carácter restringido, se promueve ahora como un instrumento de uso generalizado, más aún cuando se auspicia su tramitación de manera vinculada y en simultáneo con la gestión del pasaporte, y se habilita su otorgamiento en cualquier oficina del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a lo largo del territorio nacional. En contraposición, regulaciones de otros países de la región han previsto este tipo de autorizaciones amplias únicamente como instrumentos excepcionales y con fines muy precisos, generalmente vinculados a viajes al exterior de niñas, niños y adolescentes (NNyA) por motivos puntuales, tales como competencias deportivas, concursos internacionales, estudios, u otras actividades acotadas, que distan de constituir la regla general. La adopción de un esquema de uso generalizado en Argentina, por el contrario, abre un margen de riesgo mucho mayor en materia de tráfico, trata o sustracción de menores. La situación se ve agravada por la dispensa otorgada a transportistas internacionales de pasajeros de verificar documentación esencial, concentrando la totalidad de los controles en funcionarios/as migratorios en frontera, lo que en el caso del transporte terrestre constituye un factor de vulnerabilidad adicional. A ello se suma que estas medidas se justifican en supuestas razones de modernización, celeridad, simplificación de trámites y desburocratización administrativa, pero sin una evaluación adecuada de los impactos, riesgos y vulnerabilidades que precisamente justifican regulaciones más estrictas en términos de control y prevención del tráfico de NNyA y de otras maniobras y modalidades delictivas«.
Es de valor público socializar el proyecto que presenta un cierre fundamental: «Preocupa la falta de evidencia sobre la consulta a organismos especializados en niñez, así como a autoridades judiciales y administrativas vinculadas a la prevención y sanción de delitos de tráfico y trata, lo cual debilita la legitimidad y la eficacia de las medidas adoptadas. En este marco, resulta indispensable conocer el estado de implementación del Registro de Autorizaciones de Viaje, la cobertura territorial y operativa del RENAPER, las estadísticas oficiales sobre autorizaciones y salidas de personas menores, y las acciones adoptadas frente a las irregularidades recientemente detectadas, a fin de evaluar si la simplificación administrativa perseguida por estas disposiciones no implica un retroceso en materia de protección de derechos fundamentales de NNyA ni un incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina».
