En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976, la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Salta, dio a conocer un informe sobre las causas judiciales por los delitos de lesa humanidad abiertas en la provincia.
Este informe, que presenta un diagnóstico estadístico sobre el estado del proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la provincia, está actualizado al 24 de marzo de 2025, y según se aclara, se refiere exclusivamente a causas penales en las que se registre, al menos, una persona requerida para su investigación por el Ministerio Público Fiscal federal.
En el área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta se tramitan un total de 218 procesos, que se encuentran en diferentes etapas, radicados en los Juzgados Federales 1 y 2, en las Cámaras de Apelaciones y en los Tribunales en lo Criminal Federal de la provincia.
Ahora mismo hay 11 procesos en etapa de juicio que están pendientes de que se realicen los debates.
Del total de causas que se tramitan en la Justicia Federal de Salta, se dictaron 22 sentencias, 17 en juicios orales comunes y cinco en juicios abreviados. El informe precisa que 15 sentencias están firmes (es decir que ya no se puede apelar).
En estos procesos fueron condenados 41 represores, y cuatro fueron absueltos. La diferenciación por fuerzas de seguridad destaca a la Policía de la Provincia y al Ejército como las que tuvieron mayor involucramiento en el terrorismo estatal en la provincia.
De los 41 condenados, 20 pertenecían a la Policía provincial y 13, al Ejército. Luego fueron condenados un integrante de la Gendarmería Nacional, uno de la Policía Federal y uno del Servicio Penitenciario de Salta. También fueron condenados un funcionario, el ex juez federal Ricardo Lona, y dos empresarios, Marcos Levin y José Antonio Grueso. En el informe se agrega el apartado «Otros» para referirse al represor Eduardo del Valle (que fue director de Tránsito municipal en Metán, paralelamente integró la Policía de Salta y además revistaba en el área de inteligencia del Ejército), a Juan Manuel Ovalle y Jorge Héctor Zanetto (integrante de la Triple A), también condenados.
Esta es la lista de los ex integrantes de la Policía salteña condenados: Víctor Hugo Almirón, Roberto Rodolfo Arredes,Víctor Hugo Bocos, Víctor Enrique Cardozo, Felipe Caucota, Julio Oscar Correa, Carlos Feliciano Estrada, Abel Guaymás, Joaquín Guil, Néstor Liendro, Arturo Madrigal, Marcos Honorio Medina, Mario Reynald Pachao, Rafael Rolando Perelló, José Manuel Reinoso, Antonio Antonio, Andrés del Valle Soraire, Raúl Eduardo Toledano, Jacinto Ramón Vivas y los hermanos Pedro Javier y Rubén Nelson Herrera.
Y la lista de los militares condenados: Carlos Alberto Arias, Joaquín Cornejo Alemán, Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, Luciano Benjamín, Menéndez, Héctor Ríos Ereñú, Luis Ángel Zírpolo, Carlos Alberto Mulhall, Hugo César Espeche, Miguel Raúl Gentil, Virtom Modesto Mendíaz y Ernesto Alejandro Repossi.
Además fueron condenados el gendarme Diego Alejandro Varas, y el policía federal y ex integrante del Servicio Penitenciario provincial Juan Carlos Alzugaray.
Como operó la represión en la provincia
«A lo largo de estos procesos se fueron analizando las distintas facetas que asumió el fenómeno represivo: la participación de empresarios, de funcionarios judiciales, los mecanismos de previsión y cobertura de impunidad, las violencias sexuales, el funcionamiento de los consejos de guerra, etc», sostuvo el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila al hacer un balance de la investigación de los crímenes cometidos en la última dictadura.
«Las investigaciones permitieron un mirada cualitativa, muy detallada de las distintas implicancias del proceso represivo, su funcionamiento concreto en la provincia», explicó el fiscal ad hoc. Desde que se inició este proceso de investigación y juzgamiento de los crímenes cometidos por el terrorismo estatal, el área de DDHH estuvo a cargo del fiscal federal Eduardo Villalba. Ya en la etapa de juicios, interviene el fisca federal Carlos Amad.
El primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en la provincia comenzó en noviembre de 2009 y en abril de 2010 los ex coroneles Zírpolo y Arias fueron condenados por la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, secuestrado el 2 de febrero de 1978 en Tartagal, cercana a la frontera con Bolivia,.
Tras este juicio oral, se dictaron dos sentencias en procesos escritos, en diciembre de 2010 el Juzgado Federal Nº 2 condenó a reclusión perpetua (un eufemismo para la pena de 25 años) a Mulhall, Gentil y Espeche, por la Masacre de Palomitas, cometida el 6 de julio de 1976, el fusilamiento de once personas que estaban detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Entre otros procesos, en octubre de 2011 se dictó sentencia por la desaparición de Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976, el asesinato del comerciante Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal.
Los testimonios escuchados en los juicios orales exhibieron una provincia y una región condicionadas por el peso de los propietarios de las grandes empresas cañeras, los ingenios azucareros Ledesma y San Martín del Tabacal se destacan entre ellos, con su cuota de participación en la represión.
Los procesos judiciales permitieron conocer sobre la persecución a docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta, y al gobierno de Miguel Ragone, que fue secuestrado y desaparecido a solo días de que se diera el golpe de Estado.
Estas causas, sobre todo aquellas en las que hubo juicio oral, permitieron también conocer la militancia en el norte salteño, la fuerza y la conciencia del sindicalismo rural, el trabajo social realizado por militantes políticos, las campañas de alfabetización y la militancia en las villas de jóvenes que después, ya en plena represión, se las ingenieron para ayudar a las familias, los chicos y chicas que quedaban desprotegidos con la detención o desaparición de sus padres. Y la solidaridad de quienes organizaron comités de ayuda a los exiliados bolivianos y chilenos cuando las dictaduras se ensañaron en sus países. También se pudo reconstruir el circuito represivo en la provincia.
En momentos como este, en que se reiteran expresiones negacionistas de parte del gobierno nacional, es bueno recordar que estos procesos de memoria, verdad y justicia, se llevaron a cabo gracias a la persistencia de ex detenidos políticos y familiares de las víctimas, que nunca dejaron de insistir para que se abrieran investigaciones judiciales, y que realizaron investigaciones bajo su propio riesgo y cuenta.
Esa persistencia se pondrá de manifiesto nuevamente hoy, en las marchas en todo el país para recordar a los 30 mil desaparecidos por el terrorismo estatal. En Salta habrá dos movilizaciones, a las 10 y a las 16, ambas partirán desde la plaza 9 de Julio.
