El fiscal con competencia electoral de Misiones, Flavio Marino Morchio, impugnó la candidatura a diputado provincial de Ramón Amarilla, uno de los líderes de la protesta policial de mayo del año pasado. La presentación de Morchio busca sacar de la cancha a uno de los candidatos más incómodos para el Frente Renovador de la Concordia Social, que lidera Carlos Rovira.
Amarilla fue uno de los voceros de los policías que a mediados del año pasado se acuartelaron en Posadas en reclamo de mejoras salariales. Unos meses después, el ahora candidato y otros siete policías en actividad fueron detenidos y acusados de planificar un intento de sedición ante lo que consideraban el incumplimiento de la amnistía que el Gobierno aceptó para poner fin al conflicto.
Amarilla está detenido en la Unidad Penal de Cerro Azul desde septiembre del año pasado. El suboficial retirado negó la acusación en su contra y aseguró que la causa es una persecución por haberse puesto al frente del reclamo policial.
El miércoles, el fiscal Morchio, que es primo hermano del gobernador Hugo Passalacqua, sorprendió con el pedido de impugnación de la candidatura de Amarilla, que encabeza la lista del partido «Por la Vida y los Valores». “La Constitución no consagra derechos absolutos. El derecho a ser elegido puede ser restringido por ley en circunstancias excepcionales”, advirtió en un escrito elevado al Tribunal Electoral.
“El sistema está articulado para garantizar la manifestación segura de la voluntad del elector. La oficialización judicial de los candidatos es una garantía de que estos reunen las condiciones constitucionales y legales necesarias”, agregó. Y pidió que se libre un oficio al Juzgado de Instrucción 3 para que informe la situación judicial de Amarilla.
El abogado Claudio Katiz recusó al fiscal Morchio por parcialidad, ya que no sólo es familiar del gobernador de la provincia, sino que además integra la terna de la que saldrá el nuevo integrante de la Fiscalía de la Cámara Civil y Comercial de Posadas.
Katiz, que también integra la lista de candidatos, defendió la candidatura de Amarilla porque “se encuentra incluido en el padrón electoral” y que la Ley Electoral de Misiones no establece la detención preventiva sin condena firme como causal de exclusión del padrón. En ese sentido, resaltó que el suboficial retirado “no posee condena penal firme”.
El abogado afirmó que “de mantenerse el criterio esgrimido por el fiscal, el Tribunal habría de incurrir en una flagrante violación de los derechos humanos, civiles y políticos de un ciudadano que se halla privado de su libertad por el mero hecho de ejercer sus derechos”.
Katiz adujo que “la jurisprudencia del Tribunal Electoral Nacional también ha admitido candidaturas de personas privadas de su libertad sin condena firme, por considerar que la postulación política es un acto de ejercicio de derechos fundamentales”.
En su escrito, el abogado señaló que Amarilla “se halla privado de su libertad por una decisión arbitraria emanada del poder político de la Provincia de Misiones cuyo único objetivo consiste en lograr su proscripción política” porque “constituye una amenaza electoral al poder político gobernante desde hace varias décadas y que corre serio riesgo de ser derrotado en las elecciones del 8 de junio”.
Protesta policial y de docentes en Misiones. Foto: Blas MartinezAmarilla y otros siete policías fueron procesados con prisión preventiva por un supuesto intento de sedición y conspiración. La causa se inició a partir de la denuncia de un oficial “arrepentido” que filtró una serie de mensajes que los oficiales intercambiaron en un grupo de WhatsApp denominado “Sólo cola”. Allí supuestamente planificaban generar incendios en la periferia de Posadas para luego apropiarse de las autobombas y patrulleros y así forzar al Gobierno a mantener la amnistía para todos los policías que se habían auto acuartelado en mayo del año pasado.
