Por: Redacción Vive Caba
La fisonomía de las inmediaciones del Congreso Nacional ha vuelto a mutar. Lo que debería ser el epicentro de un debate democrático clave —la discusión sobre el proyecto de reforma laboral— se ha convertido, una vez más, en un escenario de exhibición de fuerza. Bajo las órdenes del Ministerio de Seguridad, el operativo desplegado para este jueves no solo busca ordenar la circulación, sino que, por su magnitud, envía un mensaje político que excede lo estrictamente preventivo.
Un despliegue que condiciona el espacio público
Desde las primeras horas, efectivos de Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad han tomado posiciones en Avenida Rivadavia y Callao. El inventario de recursos parece propio de una situación de conflicto extremo: camiones hidrantes, unidades móviles de gran porte y cordones policiales que bloquean el tránsito incluso cuadras antes de la Plaza de los Dos Congresos.
Más allá de la declarada intención de «preservar el orden», surge una pregunta crítica: ¿en qué punto la prevención se convierte en amedrentamiento? El anuncio de medidas como la revisión de mochilas y la regulación de banderas e instrumentos de manifestación roza los límites de las libertades individuales, transformando el derecho a la protesta en una actividad bajo sospecha permanente.
Fotos Emmanuel Fernández
El contraste: la protesta social bajo la lupa
Mientras el Gobierno refuerza el blindaje, la realidad social se manifiesta en la calle. Organizaciones de jubilados y gremios ya han comenzado a concentrarse para expresar su rechazo a las medidas económicas y a la reforma que se debate puertas adentro. Para muchos de los asistentes, el despliegue no es solo «desmedido», sino una respuesta desproporcionada frente a reclamos que nacen de la angustia económica y la pérdida de puestos de trabajo.
Incluso la prensa ha recibido «recomendaciones» que, lejos de facilitar la cobertura, parecen buscar el aislamiento de los cronistas. Al sugerir que los trabajadores de prensa eviten posicionarse entre los focos de tensión y las fuerzas de seguridad, se corre el riesgo de invisibilizar posibles excesos en el uso de la fuerza.
Una ciudad sitiada
Para el vecino de la Ciudad, el impacto es directo. El vallado inmenso y el corte sistemático de arterias vitales para la movilidad urbana convierten al centro porteño en una zona de difícil tránsito, afectando no solo a los manifestantes sino a todos los ciudadanos que intentan desarrollar su jornada.
La seguridad es, sin duda, una responsabilidad del Estado. Sin embargo, cuando la estrategia se centra en «salir a asustar» —como denuncian sectores de la oposición y organizaciones sociales—, se corre el riesgo de erosionar los canales naturales de expresión de una sociedad en crisis. En una democracia madura, el blindaje de las instituciones no debería implicar el silenciamiento de las calles.
