El presidente Javier Milei anunció el traslado de la embajada argentina en Israel a Jerusalén, una decisión que, si bien va en línea con su alineamiento ideológico con Washington y Tel Aviv, podría perjudicar la posición argentina en el reclamo por el archipiélago de Malvinas.
«Tengo el orgullo de anunciar ante ustedes que en 2026 haremos efectiva la mudanza de nuestra Embajada a la ciudad de Jerusalén Occidental«, dijo. El presidente argentino habló ante el parlamento israelí unos días antes del ataque a Irán que abrió un escenario bélico incierto en Medio Oriente, con un discurso de fuerte impronta ideológica donde calificó al conflicto como «una lucha entre el bien y el mal».
Mientras recibía aplausos de los parlamentarios y altos funcionarios del gobierno, incluido Benjamin Netanyahu, en Nueva York comenzaba la cuenta regresiva para una cita clave: el próximo miércoles 18 de junio, Argentina volverá a exponer la Cuestión Malvinas en el Comité de Descolonización de la ONU, donde volverá a pedir el apoyo a otros países para respaldar su reclamo al Reino Unido para que se siente a negociar por la soberanía de las islas del Atlántico Sur.
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En ese contexto, el gesto diplomático hacia Tel Aviv en función de la profesión ideológica del mandatario argentino, podría tener un impacto inmediato en ese foro. «Sin dudas, por esto Argentina va a pagar las consecuencias en el sistema multilateral frente al mundo árabe. Es un cambio de 180 grados de la política que ha tenido el Estado argentino», opinó Juan Rial, abogado y profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de La Plata, consultado por PERFIL.
La causa Malvinas, que supo unir transversalmente a gobiernos de distintos signos políticos, queda así condicionada por una decisión que no solo marca un alineamiento inédito con Estados Unidos e Israel, sino que también contradice los principios históricos de la política exterior argentina.
La Fundación Pensar publicó un informe sobre la política exterior de Javier Milei
Desde hace décadas, los países «emergentes» votan sistemáticamente a favor de la resolución que insta al Reino Unido negociar la soberanía de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur. Ésta obedece a uno de los grandes triunfos de la diplomacia argentina: la resolución 2065 de 1965, que reconoce el conflicto de soberanía entre dos partes, Argentina y Reino Unido, reconociendo los intereses pero no los «deseos» (autodeterminación) de la población británica implantada.
Sin embargo, después del anuncio de Milei y otras medidas «anti woke» que tomó en materia diplomática, la sintonía podría quebrarse. «Un efecto directo es que haría menguar el apoyo de los 22 países árabes en el Comité de Descolonización de la ONU», advirtió el especialista.
La batalla cultural de Milei, un quiebre jurídico y diplomático que puede costar caro
En su intervención en el Knesset, Milei fue enfático: «Esta administración, y muy especialmente este presidente, afirma el derecho de Israel a la legítima defensa (…) Y tengo el orgullo de anunciar ante ustedes que en 2026 haremos efectiva la mudanza de nuestra embajada a la Ciudad de Jerusalén Occidental«.
Pero «mudanza» de la sede diplomática, que emula la decisión efectuada por el estadounidense Donald Trump en 2018, va más allá de un gesto de amistad hacia Israel. Para Rial, implica un riesgo jurídico concreto. «Esta decisión por privilegiar este alineamiento con Washington y Tel Aviv pone en peligro a Argentina de cara al sistema multilateral. Representa un grave antecedente que pone en juego cuestiones que hemos sostenido por años», sostuvo.
El especialista alude al principio de estoppel: una norma procesal del derecho internacional que impide a un Estado adoptar dos posturas contradictorias frente a un mismo principio. «Tiene que ver con la posibilidad procesal de que una unidad política, habiendo identificado una contradicción en la política exterior, se beneficie de eso. Y esto puede ser una mácula al reclamo histórico con respecto a la soberanía sobre Malvinas«, explicó.
En otras palabras: si Argentina apoya el cambio unilateral del estatus de Jerusalén por parte de Israel, otros Estados —incluido el Reino Unido— podrían argumentar que Buenos Aires habría renunciado a su propia coherencia jurídica.
«Más allá de que ha elegido alinearse acríticamente con Estados Unidos e Israel, este gobierno pierde de vista otros objetivos que no son coyunturales sino estructurales: uno de ellos es el sostenimiento de la soberanía y la integridad territorial. Y esto cabe tanto para el caso argentino con las Malvinas como para el Estado palestino y la condición internacional de la ciudad de Jerusalén».
Milei en el Knesset: un anuncio ideológico, no estratégico
Más allá de los efectos inmediatos, el traslado de la embajada no responde a un cambio en la situación regional, ni a una exigencia multilateral, ni a una oportunidad diplomática concreta en función del interés nacional argentino, sino que tiene un origen ideológico en función de su cruzada por los «valores occidentales» amenazados por los «despotismos barbáricos».
Al menos así lo dejó claro Milei durante su gira por Medio Oriente, donde tras pedir por la liberación de los 4 rehenes israelíes-argentinos, habló del «rostro atroz del terrorismo» como amenaza «a Occidente», pero también denunció a «la barbarie interna y autoinfligida que es la ideología woke», apuntando directamente contra la activista sueca Greta Thunberg que recientemente participó de la Flotilla Libertad hacia Gaza.
Por último, definió al conflicto israelí-palestino como una «prueba de fuego entre el bien y el mal». Argentina, dijo, «no se mantendrá al margen», recibiendo una ovación y un pulgar para arriba de Netanyahu, que lo miraba desde un costado del Knesset acompañado por su aliado de extrema derecha que aboga por la «ocupación» de Gaza y Cisjordania, Bezalel Yoel Smotrich.
Pero el alineamiento no fue solo simbólico. En lo que va del conflicto entre Israel y Hamas, Argentina ya votó dos veces en contra del alto al fuego en Gaza en la Asamblea General de Naciones Unidas: primero en diciembre de 2023, y luego el pasado 10 de junio. En ambas ocasiones, la mayoría de los países del mundo —incluidos aliados regionales como Brasil, México y Chile— acompañaron el pedido de cese de hostilidades y asistencia humanitaria. Pero Argentina se ubicó en el bloque minoritario junto a Estados Unidos, Israel y algunos países del Este europeo que votaron en contra.
En tanto, el abandono del principio de no intervención y la relativización del derecho humanitario no son sólo gestos discursivos: podrían debilitar las bases jurídicas con las que Argentina construyó durante décadas su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Por eso, Rial insiste en que este tipo de posiciones pueden tener un costo en foros clave, como el Comité de Descolonización o la Asamblea General de la ONU.
«Argentina es un Estado vulnerable que necesita de un sistema internacional previsible y apegado a derecho”, advirtió Rial. “Más allá de la coyuntura, se están dejando de lado los intereses permanentes del Estado argentino». Así, la decisión de Milei de alinearse de manera incondicional con Israel —trasladando la embajada, rompiendo con el consenso de Naciones Unidas y votando en contra de países que lo respaldan en Malvinas— no es un episodio aislado, sino parte de un viraje estructural en la política exterior argentina.
Vigorosa irresponsabilidad en la política exterior
Por qué el traslado de la embajada argentina a Jerusalén es ilegal
En general, la mayor parte de la comunidad internacional no reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Así lo establecen múltiples resoluciones de Naciones Unidas. Desde la 242 del Consejo de Seguridad, que instó a Israel a retirarse de los territorios ocupados, incluida Jerusalén Oriental (1967); hasta la más relevante: la Resolución 478 del Consejo de Seguridad (1980), que declara que «cualquier acción que pretenda alterar el estatus de Jerusalén carece de validez jurídica» y pide expresamente a todos los Estados miembros abstenerse de establecer misiones diplomáticas en esa ciudad.
También la resolución 478, que declaró “nulo” el intento israelí de declarar a Jerusalén su capital indivisible y exigió mantener las embajadas fuera de la ciudad. La Corte Internacional de Justicia, además, consideró en 2004 que Jerusalén, según el Derecho Internacional, tiene un estatus especial, acordado en la Resolución 181 de 1947, que establecía que debía quedar bajo un régimen internacional. Ese estatus nunca fue modificado formalmente. Y aunque algunos países —como Estados Unidos, Guatemala o Papúa Nueva Guinea— hayan trasladado sus embajadas en los últimos años, lo han hecho en abierta violación del consenso multilateral.
«La resolución 181 que es la que dividió el antiguo mandato de Palestina (…) creaba un Estado judío y uno árabe con una zona bajo régimen internacional especial, que es el caso de Jerusalén», recordó Rial. «Históricamente ningún país reconoció Jerusalén como capital de Israel, aunque hay excepciones. Argentina, ahora, se suma a ese pequeño grupo que ignora lo que el Derecho Internacional Público reconoce de manera global y universal».
Además de violar normas específicas de Naciones Unidas, la medida contradice la opinión de la Corte Internacional de Justicia que, en su dictamen consultivo de 2004, reafirmó la ilegalidad de los actos unilaterales que busquen alterar el estatus de territorios ocupados, incluidos los asentamientos en Jerusalén, que «violan el derecho humanitario internacional».
