[Entrevista]. Santiago Juncal: “Las rivalidades geopolíticas y los conflictos bélicos amenazan América Latina”

La segunda presidencia de Donald Trump abrió una serie de interrogantes sobre el impacto en América Latina de sus ideas sobre hacer grande nuevamente a Estados Unidos (MAGA). En el marco de las rivalidades y la guerra comercial con China y a meses de cumplirse un año de la gestión trumpista, conversamos con Santiago Juncal, economista y analista internacional, para conocer cómo está analizando la región en este contexto de contradicciones y tensiones. ¿Cómo puede afectar a países como México? ¿Cuáles son las opciones geopolíticas de Brasil, en este escenario de disputas? ¿Qué lugar tiene Argentina en el proyecto trumpista que explica esta apuesta fuerte antes del resultado de octubre? ¿La actual escalada sobre Venezuela es la antesala de un conflicto bélico en Latinoamérica? Mejor, pasen y lean.

EEUU y América Latina: injerencia económica, política y militar

Existe un consenso básico respecto a que en el segundo mandato de Trump se propuso superar el declive hegemónico de EEUU, priorizando el interés “nacional” y otra ubicación geopolítica -pensemos en la emergencia de China disputando ese liderazgo-. Si es así, ¿cómo se encuadra América Latina que es también un escenario en disputa en esa confrontación?

Desde inicios de siglo, Estados Unidos ha perdido terreno frente a la creciente importancia económica e influencia política de la República Popular China en la región. La mayor presencia china se ha manifestado en la significativa suba en los flujos de comercio e inversión, en el establecimiento de líneas de financiamiento a estados, en la construcción de infraestructura crítica (siendo el puerto de Chancay en Perú la evidencia reciente más importante) y en la búsqueda por garantizarse el aprovisionamiento de materias primas agrícolas y energéticas. También han sido ilustrativas las ventas de armamento para fuerzas de seguridad y defensa a determinados países y la cooperación sanitaria en plena pandemia por Covid-19.

En ese marco, es muy probable que el gobierno de Trump asumido en enero haya sentido la necesidad de dar mayor prioridad a su tradicional zona de influencia inmediata. Frente a una ostensible tendencia a una mayor rivalidad y tensiones entre Estados Unidos y China en su disputa por el liderazgo global, el gobierno republicano ha desplegado acciones de distinto tipo, que apuntan a expandir y profundizar su injerencia económica, política y militar en el hemisferio. Algunas de estas iniciativas representan una continuidad frente al gobierno de Biden, y en otros casos se trata de modalidades propias, o incluso de intentos de readaptación de políticas llevadas a cabo durante la primera presidencia del magnate.

Con todo, las iniciativas llevadas a cabo en América Latina por el gobierno de Trump no están exentas de límites y contradicciones y se hallan sujetas a la dinámica de ensayo y error que atraviesa a las políticas públicas, en general, y a cualquier política exterior, en particular. Los ejemplos sobran. En el caso de Venezuela, el acercamiento inicial hacia el gobierno de Maduro (con el relajamiento de restricciones a Chevron, la visita de un enviado especial de Trump al país y los acuerdos de deportación) dio paso luego a la presión política, al despliegue militar en el Mar Caribe (con ataques letales y criminales a embarcaciones civiles) y a la amenaza explícita de ataques y operaciones encubiertas en territorio bolivariano. En cuanto a Brasil, la defensa de Bolsonaro, la ofensiva contra Lula y las sanciones al juez de Moraes realizadas por el gobierno de EE.UU. fueron sucedidas por un principio de acercamiento entre Trump y Lula, tras un proceso en el cual la avanzada arancelaria original terminó reduciendo el alcance de los productos brasileños afectados. Finalmente, si bien la propuesta de rescate financiero a Argentina constituye una oportunidad para un mayor desembarco de inversiones y control de activos estratégicos en el país por parte de EE.UU., no puede soslayarse que surge como una política reactiva a la crisis del plan económico de Milei y que su materialización y contenido final dependerán del resultado de las legislativas del 26 de octubre.

México: estabilidad precaria

Veamos algunos ejemplos porque cada país tiene sus contradicciones. México es parte de la agenda cotidiana trumpista en temas centrales como la inmigración o el arancelario. Partiendo de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá aseguró a la economía norteamericana enormes beneficios, es de hecho el principal socio comercial de EEUU en América Latina, ¿hasta dónde se puede alterar ese modelo? ¿Cuáles podrían ser sus efectos políticos para la estabilidad mexicana?

Efectivamente, la estructura exportadora mexicana se encuentra altamente integrada a la economía estadounidense. Las cadenas productivas regionales en América del Norte se han ido consolidando desde fines del siglo pasado y han implicado la instalación de capacidades de fabricación y ensamblado en el norte de México para abastecer al mercado estadounidense, sobre todo en ciertas industrias como automotriz y electrónica. En este esquema, son fundamentalmente capitales estadounidenses los que retienen y fortalecen distintas capacidades estratégicas (de diseño, fabricación y sostenimiento de marcas propias) que les permiten valorizarse de manera diferenciada y, por ende, beneficiarse especialmente del sostenimiento y la reproducción de las cadenas de valor que comandan.

En los últimos años esta interdependencia productiva se ha visto bajo presión no sólo por la siempre presente competencia china, sino también por las políticas desplegadas por Trump desde su primera presidencia. De hecho, la renegociación del TLCAN y su reconstitución como T-MEC a partir de 2018 no han agotado los intentos del magnate por tensionar las reglas de juego comerciales con sus vecinos; apenas asumido en enero, volvió a amenazar con aranceles a Canadá y México y mezcló la agenda comercial con pedidos de compromisos a ambos gobiernos en materia inmigratoria y de control del tráfico de fentanilo.

Incluso antes del regreso de Trump al poder, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció el ambicioso Plan México y una estrategia nacional de relocalización productiva, coordinada por un consejo asesor que involucra tanto a funcionarios de su gabinete como a empresarios de distintos sectores. Pero las propuestas de creación de “polos de bienestar” y cien parques industriales en distintas regiones del país incluidas en esta iniciativa se tornan de cumplimiento incierto ante la dinámica impredecible del gobierno de Trump y de un mercado mundial atravesado por tensiones geopolíticas. A eso debe sumarse el hecho de que el nearshoring depende de distintas variables (costos salariales, capacidades productivas, acervo tecnológico, etc) y, por tanto, no puede materializarse de manera generalizada; termina quedando sujeto, en la práctica, a las particularidades de cada cadena productiva.

Pero hay otro problema que enfrenta el gobierno de Sheinbaum, acaso más importante. Es evidente que la presidenta mexicana goza de un apoyo popular muy elevado (sólo comparable, en una región carente de hegemonías, al de Bukele en El Salvador) y que hace pensar en la posibilidad de que MORENA empiece a consolidar el proyecto político iniciado durante el gobierno de López Obrador. Sin embargo, el poder acumulado por el narcotráfico y el capital concentrado representan una amenaza permanente a la paz social y a la democracia mexicana. Según datos oficiales, en el último cuarto de siglo hubo más de 120.000 personas desaparecidas; la mayoría de ellas desaparecieron durante la gestión de AMLO. La violencia narco se suele cobrar la vida de candidatos y funcionarios de gobiernos subnacionales, y hasta la propia presidenta parece haber sido amenazada recientemente, en un video atribuido al Cartel de Sinaloa. Surgen, entonces, ciertos interrogantes para los próximos años. ¿Qué porción real del aparato de estado (y en particular, de sus fuerzas armadas y de seguridad) controlará el gobierno de MORENA y cómo será utilizado para lidiar con el problema del narco? ¿Bajo qué formato de cooperación y conflicto se desenvolverá la competencia en los mercados de drogas ilegales y de trata de personas en territorio mexicano? De las respuestas que nos brinde la realidad a estas preguntas dependerá en buena medida la sostenibilidad del gobierno mexicano.

Brasil: “autonomía por diversificación”

Otra situación es la de Brasil, que al menos desde la década del ’50 se transformó en el pilar norteamericano para América del Sur con Kubitschek y luego de Cuba, materializada en el sustento al golpe de 1964. A pesar de las últimas medidas aún mantiene ese alineamiento estratégico con EEUU. También es cierto que China es hoy su principal socio comercial y un destino clave de sus exportaciones e indirectamente a través de los BRICS, una vía de acceso al continente… Datos que dan cuenta de su importancia regional. ¿Hacia dónde te parece se dirige Brasil, mejor dicho el poder económico brasileño, en este escenario de disputas de EEUU y China y en cierta medida Europa?

La competitividad alcanzada por ciertas empresas brasileñas tiene un alcance regional y, sobre todo en algunos segmentos de la industria agroalimenticia, también global. El capital concentrado brasileño tiene además la ventaja de contar con un importante mercado interno, que le sirve de plataforma para proyectarse con mayor facilidad a nivel internacional.

No obstante, las dificultades que le impone el mercado mundial a Brasil no son para nada despreciables. Además de competir con empresas extranjeras que apuntan a capturar segmentos de mercado en su propio territorio, la burguesía brasileña debe enfrentarse en determinados mercados de países subdesarrollados (fundamentalmente de Asia y África) a la proyección de firmas radicadas en otras potencias emergentes (como el resto de los BRICS) que han despegado en las últimas décadas. Asimismo y como han indicado acertadamente distintos analistas, la “región” de referencia inmediata para Brasil es América del Sur y no América Latina; la omnipresencia política y económica de Estados Unidos y México en América Central y el Caribe deja a los capitales brasileños con un margen muy limitado para utilizar esa parte del hemisferio como punto de apoyo adicional para potenciar su valorización.

En ese contexto, la agudización de la disputa por el liderazgo tecnológico y geopolítico mundial entre Estados Unidos y China hace que aumente la necesidad de Lula de reflotar el principio de “autonomía por diversificación” esbozado durante sus primeros gobiernos. Esto implica, en la práctica, fomentar el multilateralismo, buscar áreas de cooperación con la mayor cantidad posible de países y establecer, en todo caso, oposiciones o alineamientos limitados a determinadas temáticas. Esta lógica fue muy desafiada por Bolsonaro cuando fue presidente: llevó a cabo un alineamiento inédito con el Estados Unidos del primer Trump, desvalorizó la relación con China (y hasta cierto punto, la construcción del BRICS) y llegó a poner en riesgo la exportación a mercados de países árabes al promover la mudanza a Jerusalén de la embajada de Brasil en Israel. Para Lula, en cambio, el problema fue otro: tras la embestida arancelaria y la ratificación de la alianza de extrema derecha con Bolsonaro por parte de Trump, el gobierno del PT no tuvo más remedio que aceptar cierto nivel de confrontación con la principal potencia mundial (al tiempo que buscaba negociar con el gobierno republicano).

Esta renuencia al conflicto con Estados Unidos hace juego con otro aspecto importante: el gobierno brasileño es consciente, en el fondo, de los obstáculos que existen para la conformación de un polo de poder con base en el BRICS, alternativo a Estados Unidos y a sus potencias aliadas. Esto se debe, en primer lugar, a lo ya dicho: los grandes capitales de las potencias emergentes compiten entre sí en diversos sectores y mercados. Pero además, dentro de los BRICS no sólo hay notables asimetrías en materia tecnológica, política y militar, sino también niveles de interdependencia muy diversos en los vínculos de cada miembro con EE.UU., con la Unión Europea, con Japón y con otros países de cierta importancia regional (como Israel y Corea del Sur). En ese contexto, la reciente ampliación del bloque puede implicar para Brasil más una dilución de su peso político dentro del mismo que un incremento real de oportunidades de cooperación con los estados incorporados. Nuevamente aquí, la autonomía por diversificación parece imponerse como la alternativa más razonable para la política exterior brasileña en el corto y mediano plazo, con todas las complejidades que igualmente enfrentará en un mundo cada vez más conflictivo.

América Latina en disputa y amenazada

Aunque prematuro teniendo en cuenta las tendencias de confrontación que mencionamos, que por ahora son económicas y geopolíticas, en un contexto de tendencias guerreristas como en Ucrania, el armamentismo europeo o los bombardeos de Israel, ¿se puede pensar que Latinoamérica sea esta vez un posible escenario del conflicto mundial?

Creo que la pregunta es fundamental. Y que la respuesta corta y urgente es que nunca hay que descartar esa posibilidad, y menos en esta coyuntura crítica.

América Latina se ha constituido como la región con mayores niveles de desigualdad de ingresos y riquezas en todo el planeta. A su vez, también cuenta con cifras de muertes violentas verdaderamente alarmantes, que se refleja en una tasa de homicidios promedio para la región que también es récord y triplica al promedio mundial. Estas manifestaciones de la barbarie capitalista no se han combinado en las últimas décadas con el estallido de conflictos interestatales ni con invasiones o intervenciones militares de potencias externas a la región. Pero la vigencia de América Latina (o América del Sur) como “zona de paz entre estados” puede volverse cada vez más frágil ante las amenazas que derivan de las crecientes rivalidades geopolíticas y de los conflictos bélicos en ascenso en el resto del mundo.

En ese contexto, las amenazas del gobierno de Estados Unidos a Venezuela resultan especialmente preocupantes. El hecho de que Trump haya reconocido que habilitó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela y que haya mencionado incluso la posibilidad de realizar una invasión por tierra debería encender todas las alarmas. Es cierto que ya en su primera presidencia Trump había barajado intervenir en el país caribeño, e incluso el propio Obama había emitido en 2015 una orden ejecutiva en que declaraba que la situación venezolana constituía una “amenaza a la seguridad nacional” estadounidense. Pero los acontecimientos actuales representan un salto cualitativo en la presión al gobierno de Maduro, al que se ha acusado además, sin pruebas, de liderar una “organización terrorista internacional” basada en el narcotráfico. Es evidente que el fraude electoral cometido el año pasado por el oficialismo no le da argumentos jurídicos ni políticos a Estados Unidos para intervenir militarmente en Venezuela, y por eso recurren a una denuncia sin sustento real para legitimar un eventual ataque.

Argentina: un hito en la historia del sometimiento

Las perspectivas de Argentina -del gobierno de Milei- están asociadas a la presidencia de Trump. El respaldo político a su gobierno y económico para ayudar a que sea reelecto en medio de la crisis abrió comparaciones con México de 1995, cuando recibió 20.000 millones de dólares del Tesoro a cambio de entregar la renta petrolera como garantía de pago entre otras condiciones. ¿Qué lugar tiene el país en el proyecto trumpista que explica esta apuesta fuerte antes del resultado de octubre?

Creo que el gobierno de Estados Unidos ve a Milei como el único aliado de peso en la región. Resulta claro que Brasil, México y Colombia están gobernados por mandatarios que, con distintos estilos e intensidades, buscan ponerle un freno a la expansión de la extrema derecha en el mundo. Y que, en ese sentido, Argentina es el único país de cierta relevancia económica y política en el hemisferio que cuenta con un gobierno fuertemente alineado a la avanzada reaccionaria que hoy lidera Trump a escala global. Este panorama podría modificarse el año próximo con las elecciones presidenciales brasileñas y colombianas, pero la situación es incierta y el retorno de la derecha al poder no está asegurado en ninguno de los dos casos.

En ese marco y en línea con lo ya dicho, el descalabro al que condujo el plan económico de La Libertad Avanza transformó el buen vínculo entre los gobiernos de Trump y Milei en una oportunidad para profundizar el injerencismo de EE.UU. en Argentina. Las escenas dantescas que se vieron en la reunión de ambos presidentes y sus gabinetes el 14 de octubre en la Casa Blanca quedarán como un hito en la historia del sometimiento de nuestros gobiernos a potencias extranjeras. Pero aun así, los anuncios y las señales de ayuda desplegados por Trump y Bessent han sido contradictorios y la naturaleza y alcance que tendrá la intervención económica del gobierno republicano en Argentina permanece incierta y se halla sujeta, en gran medida, a los resultados de las elecciones del próximo domingo.

En cualquier caso, es evidente que hay determinados recursos estratégicos que están en la mira de Estados Unidos desde hace tiempo. La exjefa del Comando Sur estadounidense, la generala Laura Richardson, ha destacado abiertamente -y en más de una oportunidad- la abundante dotación de recursos naturales y materias primas agrícolas y minerales que tiene América Latina. Una buena parte de esos recursos (como el agua dulce, las tierras cultivables y el litio) se hallan en buena medida ubicados en la geografía argentina. Las recientes declaraciones del asesor de Donald Trump, Barry Bennett, fueron en el mismo sentido que las de Richardson, cuando indicó días atrás que el litio, el petróleo y el uranio que tenía Argentina representaban una “bendición”.

Estas expresiones tan nítidas deben ser analizadas a la luz del proyecto de instalación de una base militar estadounidense en Tierra del Fuego y de la reciente habilitación a las fuerzas armadas de EEUU para llevar a cabo ejercicios conjuntos en el país. De esa manera, se puede apreciar que el gobierno de Trump vino a reforzar significativamente elementos de la relación bilateral que se habían esbozado durante el gobierno de Biden, en un contexto en el cual la creciente actividad de las Fuerzas Armadas de EEUU en Argentina busca construir el respaldo militar para que la principal potencia mundial pueda garantizarse el aprovisionamiento de recursos clave de nuestro territorio. Y para esos fines, el gobierno de Milei y su profunda crisis le han calzado a los gobiernos de Biden y Trump (pero especialmente al de Trump) como anillo al dedo. Queda pendiente conocer los términos de este sometimiento y cuánto podrá desplazar en la práctica los intereses de China, la gran potencia rival que, con su despliegue de recursos de poder a veces similares a los de EEUU, sigue dándole disputa en el país, en la región y en el mundo.

Acerca del entrevistado

Santiago Juncal es economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA), magister en estudios internacionales de la Universidad Di Tella (UTDT) y estudiante de doctorado en desarrollo económico por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Trabaja como investigador y docente en las Universidades Nacionales de General Sarmiento (UNGS) y Quilmes, y es columnista de temas internacionales del programa “Pasaron Cosas” (Radio Con Vos).