ERC registró hoy martes una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados y en el Senado a fin de que Gobierno central sea más flexible a la hora de otorgar los fondos Next Generation. De este modo el barrio del Besòs-Maresme no perdería las subvenciones destinadas a rehabilitar más de un millar de viviendas aquejadas de aluminosis y otras patologías. Muchos vecinos tienen sus hogares aputalados desde hace años.
Los grupos municipales de Junts y de BComú en Barcelona denunciaron este lunes al alimón que los retirados retrasos del Ayuntamiento están poniendo en peligro las reformas de una decena de edificios de esta lado de la ciudad, y por ello convocaban la celebración de una comisión extraordinaria para reprobar a Laia Bonet, a la primera teniente de alcalde y principal responsable de Urbanismo del gobierno del alcalde Jaume Collboni.
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El Ayuntamiento de Barcelona ya comunicó la semana pasada a muchos de los vecinos afectados por estas demoras que, de la mano de la Generalitat, ya había solicitado al ejecutivo español que las obras financiadas con estas ayudas de la Unión Europea no tengan que estar terminadas en julio del año que viene, que baste con que los trabajos hayan arrancado antes de esa fecha. Ahora los diputados de ERC dan un paso más en esta dirección.
Los concejales de ERC en Barcelona, sin embargo, no responsabilizan únicamente al ejecutivo del alcalde Collboni de la situación. Entienden que el gobierno anterior dirigido por Ada Colau también es culpable de los retrasos. “En estos momentos está en juego la dignificación de las calidades de vida centenares de familias”. Hablamos en verdad de uno de los rincones más necesitados de Barcelona.
“Esta propuesta -abundaron desde el grupo municipal republicano- responde a la necesidad de garantizar la continuidad de las rehabilitaciones de viviendas en el barrio del Besòs-Maresme, un proyecto en riesgo de quedar parado por la falta de compromiso de las administraciones y la rigidez del calendario. Solo una de las diez fincas previstas ha finalizado las obras, mientras que otras dos están en ejecución, lo que pone en peligro la rehabilitación de 1.251 viviendas, muchas en estado precario”.
