Como se preveía, el Senado de Salta dio sanción definitiva ayer al proyecto de ley de Regularización dominial de los ocupantes de Salta Forestal, impulsado por el Ejecutivo provincial. La aprobación fue con los votos negativos de los senadores Walter Wayar y Manuel Pailler (Frente de Todos), que consideraron insuficiente esta iniciativa para dar solucionar a la situación de estas tierras estatales.
El senador Dani Nolasco (del departamento La Poma) ofició de informante. Destacó que este proyecto fue consultado con las familias que habitan en estas tierras, algunas desde antes de que se creara la empresa, en 1974, durante la gestión del exgobernador Miguel Ragone, luego desaparecido por el terrorismo estatal.
Nolasco repasó que la ley permitirá la regularización dominial de los 110 puesteros relevados en las 330 mil hectáreas que comprende Salta Forestal, y que posibilitará renegociar las concesiones existentes y negociar nuevas concesiones de estas tierras para ser explotadas en la producción primaria y generar renta al Estado, que prevé cobrar un canon. “Llevará paz y tranquilidad”, concluyó sobre el proyecto aprobado.
La senadora Alejandra Navarro (del departamento Anta, donde se encuentran estas tierras) hizo un repaso cronológico de Salta Forestal. Recordó que su creación fue decidida en respuesta a un pedido de Fabricaciones Militares y Ferrocarriles Argentinos para hacer un aprovechamiento integral de bosques.
En su origen, la empresa pertenecía a la provincia y Fabricaciones Militares. En 1982 la provincia adquirió la totalidad de las acciones y suscribe un convenio con el municipio de Joaquín V. González, el 98% de las acciones quedaron en manos de la provincia y el 2%, del municipio.
Muchos años después, en 2000 Salta Forestal fue concesionada al grupo Eco Desarrollo, una sociedad integrada por Alfredo Olmedo (padre del dirigente de derecha homónimo) y Néstor Cervera.
En 2003 estos empresarios rescindieron la sociedad. Olmedo, con Eco Desarrollo, se quedó con la concesión de 160 mil hectáreas en la zona sur, y Cervera, con la empresa Cervera Agropecuaria, en la zona norte. En esta última empresa pasó a denominarse Cresud y renegoció el contrato con el gobierno.
En cambio, el empresario sojero Alfredo Olmedo se rehusó y se originan juicios cruzados con la provincia. Recién en 2017 llegaron a un acuerdo, el empresario reintegró a la provincia 81.500 hectáreas boscosas y acepta pagar un canon del 10% a partir de la campaña agrícola de ese año. Posteriormente, Olmedo dejó esta concesión.
En la actualidad Cresud, de propiedad de Eduardo S. Elsztain, tiene en concesión 120 mil hectáreas, y Anta del Plata, 76 mil hectáreas, entre ambas, suman 196 mil hectáreas concesionadas. Sin embargo «160 mil hectáreas están sin producir”, destacó Navarro.
Sobre el proyecto en tratamiento, señaló que ya fue modificado en el Senado. “Es una ley marco”, implica que a partir de los puntos fundamentales de esta ley, cada avance que se haga en cada uno de sus capítulos, tendrá que pasar por la Legislatura. “O sea que los 60 diputados y 23 senadores vamos a ser responsables de cada avance de los puntos de esta ley”, sostuvo.
La legisladora afirmó que esta ley marco tiene tres puntos fundamentales: en primer lugar, que busca “consolidar la situación dominial de los poseedores”, el que consideró el «más importante”. La posibilidad de renegociar los contratos de concesión vigentes, y las «nuevas concesiones que también van a pasar por esta Legislatura” y que serán solo de 4 mil hectáreas.
«Es una equivocación más»
En seguida Walter Wayar (de Cachi) anticipó el voto negativo de su bloque. Recordó que cuando era vicegobernador, en la gestión del ahora senador nacional Juan Carlos Romero, se trató el tema de Salta Forestal, miles de hectáreas de tierras aptas para la producción, que venían siendo aprovechadas por particulares en detrimento de sus habitantes originales y el propio Estado.
El senador, que viene haciendo una revisión de su propia actuación en aquellos años, repasó que se hicieron las concesiones, que se centraron en grandes empresarios porque se pensaba en el desarrollo y se consideraba que estos poderes económicos iban a construir infraestructura, que de su mano iba a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Pero eso no ocurrió.
Wayar consideró que esta “ley es una equivocación más”, y que si se hubiera permitido un diálogo y un análisis con más tiempo, podría de ser realmente de utilidad.
Sobre el pasado, detalló los incumplimientos de las concesionarias en cuanto al cuidado ambiental, la reforestación, establecidas por la Auditoría General de la Provincia y la Comisión Investigadora que en su momento se formó en la Legislatura. Tampoco se cumplió con el pago del canon del 10%, recordó. Añadió que luego el gobierno de Juan Manuel Urtubey condonó esta deuda, pero no tenía potestad para eso, la ley que lo autoriza es posterior, “por eso también está judicializado”, sostuvo.
«Esta ley debería estar basada en la experiencia, en los aciertos y errores», advirtió. Señaló como un error que la ley deja fuera del proceso de escrituración de la tierra a la Universidad Nacional de Salta y a la Dirección de Inmuebles, y le da la potestad de decidir al directorio de Salta Forestal.
También advirtió sobre el riesgo de que no se concrete la regularización dominial si el proceso se demora, teniendo en cuenta que el gobierno de Gustavo Saénz tiene dos años más de mandato. Si llega un gobernador que tenga otra idea sobre este asunto, el proceso podría interrumpirse, alertó. Por eso opinó que hubiera sido más justo que se aprobara una ley que reconociera la propiedad de los poseedores, “con plazo concreto”. “Ese habría sido un acto de reivindicación y de justicia concreta, lo de ahora es, como es una ley marco, un sueño y un anhelo”. La ley podría decir que los 110 puesteros ya son propietarios, “aquí dice que lo va a decir”, insistió.
Como ejemplo de otros aspectos que podrían haberse considerado sobre Salta Forestal, Wayar señaló que se podría haber pensado en la formación de una cooperativa con los pequeños agricultores que hay en el sur de la provincia, para poner en producción estas tierras estatales, que tienen potencial para el desarrollo agrícola y ganadero. “Pero no, es más fácil el gran empresario”, lamentó.
El proyecto aprobado pasó al Ejecutivo provincial para su promulgación.
