Con una marcada sospecha respecto a la manipulación ejercida por Diego Spagnuolo sobre el celular que entregó a la Justicia, el fiscal Franco Picardi tomó una decisión clave: ordenar el recupero de la información borrada por el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida se adoptó en el marco de la causa por presuntos hechos de corrupción cuya investigación lleva adelante. Un área especializada en Crimen Organizado de la Policía Federal es la responsable de realizar la tarea ordenada.
A lo largo de uno de los últimos dictámenes que constan al expediente y al que accedió este medio, el fiscal escribió: “resulta menester destacar que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) elaboró un informe técnico sobre el teléfono celular marca Apple, modelo iPhone 16 Pro Max, que fuera secuestrado oportunamente a Spagnuolo”. Se detalló que del análisis del mismo, se desprende junto a las informaciones recabadas por la fiscalía que “Spagnuolo utilizó otro teléfono personal hasta el 21 de agosto, fecha en la que vinculó su línea al iPhone 16 Pro Max que le fue secuestrado en el registro domiciliario que se realizó en su domicilio de la localidad de Pilar”.
Como contó Clarín el documento inicial de los peritos, que ingresó a la fiscalía sostuvo que hubo información que Spagnuolo borró de su celular. La sospecha del Ministerio Público Fiscal radica en que el ex funcionario «podría estar resguardando información y/o dispositivos que la contienen, los que resultan de interés para el avance de la pesquisa”.
La extracción forense que realizó la DATIP se encuentra conservada en un disco que se entregó a la fiscalía. La observación inicial es que había «información borrada«. Ese mismo dato fue acompañado de una explicación técnica: no hay detalle si eso refiere a videos, chats, mensajes. Por otro lado, fuentes especializadas en el trabajo indicaron que «no hay tecnología que determine qué se borró».
Tanto el disco como la información del teléfono de Spagnuolo cargada en la nube -un almacenamiento virtual-, fue entregado al fiscal, que ahora dio una orden específica: recuperar todo aquello que el ex funcionario borró. Los peritos lograron especificar que se trató de un borrado manual, en pocos minutos y a hora de ser entregado a la justicia. Fuentes allegadas a la causa calificaron dicho comportamiento de “grotesco y fácil de detectar”.
Es por ese motivo que ahora será una área especializada en Crimen organizado de la Policía Federal la que lleve a cabo la tarea requerida por Picardi, que no aún no desiste en sabe qué había en el interior del celular del ex titular de la ANDIS.
Para eso se solicitará a la compañía de celular que asignó la línea a Spagnuolo que provea un SIM con el mismo número para «introducirlo en el dispositivo y así ver si se puede acceder a la nube donde podría haber información aún almacenada pese al borrado manual«, indicaron fuentes judiciales a Clarín.
En su momento, el celular de Spagnuolo fue calificado por los investigadores judiciales como un «teléfono caliente», es decir que estaba funcionando cuando fue sometido a la extracción forense de su contenido. Aquello con lo que cuenta el fiscal es una copia espejo de todo el contenido de su dispositivo electrónico marca Iphone 16, uno que adquirió cuando los allanamientos iniciaron y donde volcó seleccionada información.
Tras veinte días hábiles de secreto de sumario, la Fiscalía amplió el objeto procesal del caso. Según el dictamen se determinó que la plataforma fáctica dela causa, por el momento, “se circunscribe a la investigación de posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad desde diciembre del 2023 a agosto del 2025”. En esta ocasión fijaron una ventana temporal: la gestión del presidente Javier Milei.
Asimismo, dijo en el dictamen el fiscal Picardi que se concentra en la “determinación de las características” de la maniobra. Esto es: “el conocimiento respecto de su entramado y la identificación de sus responsables”.
En efecto, expresó el representante del Ministerio Público Fiscal, “estos sucesos habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional, y en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad”.
Al respecto, parte de dicho esquema, estaría dado por el rol que le cupo a Droguería Suizos Argentina SA, pero la investigación ya no apunta únicamente a la compañía de la familia Kovalivker, sino que habla de “otras droguerías” que habrían participado “en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional”.
Es en ese contexto que hace diez días, la fiscalía solicitó ante el juez federa, Sebastián Casanello, la apertura de la caja de seguridad de Spagnuolo radicada en el Banco BBVA. La medida de prueba se desprendió de un informe que ingresó a Comodoro Py y que encendió algunas luces de alerta.
Como contó Clarín, se requirieron los ingresos y egresos al Banco, horarios, fechas, por parte del ex funcionario para determinar sus movimientos en torno a la caja de seguridad donde quedaban 80 mil dólares y 2.000 euros.
