Audios que tomaron estado público. Una denuncia penal. El “grado de sospecha” necesario para abrir la investigación en Comodoro Py y un sospechoso circuito. Cuáles fueron los elementos que el fiscal Franco Picardi tuvo en consideración para impulsar la acción penal en el caso que incomoda a la Casa Rosada.
Los allanamientos a cargo de la Policía de la Ciudad comenzaron el viernes por la madrugada y se extendieron hasta la noche. Fueron 16 en total, con dinero en efectivo secuestrado, dólares en diversos sobres con anotaciones, una máquina de contar billetes, contratos por más de 10.800 millones de pesos que corresponden a pagos del Estado a favor de la droguería Suizo Argentino SA, junto a una importante cantidad de dispositivos electrónicos que tienen la orden de una inmediata extracción de su contenido.
Todo está en manos del fiscal Picardi, que tiene delegada la investigación por determinación del juez Sebastián Casanello. Ahora comienza la etapa de análisis y de armado de lo que en los pasillos de Comodoro Py definen como un “gran rompecabezas”. ¿Hay detrás de ello un entramado de sobornos? Es lo que busca dilucidar el representante del Ministerio Público Fiscal.
A la hora de requerir los operativos que se materializaron en domicilios particulares y en sedes oficiales como las oficinas de la droguería bajo la lupa de la justicia, el fiscal explicó ante el juez por qué entendía que debía abrirse la investigación penal a raíz de la denuncia del abogado Gregorio Dalbón.
El texto judicializado 24 horas después de que los audios tomaran estado público apunta contra Javier Milei, presidente de la Nación; Karina Milei, secretaria General de la Presidencia;Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Secretaría General; Diego Spagnuolo, director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.
La sospecha es que todos «habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican».
Todo comenzó con los audios filtrados de Spagnuolo, director de la ANDIS, donde habla de la existencia de un mecanismo de corrupción institucionalizado en la compra de medicamentos.
A la hora de evaluar el planteo del abogado, el representante del Ministerio Público determinó en primer punto, el objeto procesal: aquello que inicialmente, está bajo estudio.
Fiscal Franco Picardi Foto archivo“Existe sospecha suficiente de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción”, explicaron fuentes judiciales a Clarín a la hora de determinar cuál es el punto de partida de la causa que tiene en vilo al Gobierno.
Para la fiscalía, esa presunta estructura de corrupción podría involucrar a dependencias de la Administración Pública Nacional, en este caso la Agencia Nacional de Discapacidad, pero también al sector privado (droguería Suizo Argentina).
En otras palabras, el objeto procesal de la investigación se concentra -por ahora- en poder dilucidar si existieron pagos indebidos que vinculen al organismo público con la droguería que a su vez, es la principal proveedora de medicamentos de la ANADIS.
¿Qué sospecha la fiscalía? Que la posible estructura pretendía promover ciertos favores a dicha empresa para que comercialice medicamentos, a cambio de sobornos.
Para Picardi, según explicaron fuentes judiciales, los audios fueron determinantes. Revisten gravedad en sí mismo para poder avanzar en la causa y así, despejar cualquier duda al respecto. “Por eso era necesario avanzar con allanamientos y dar con la documentación, dispositivos, y todo aquello que contribuya a la investigación”, indicaron fuentes del caso.
En este aspecto, hubo una premisa: la obtención de pruebas de manera ágil para su preservación.
Es justamente el estado público que tomó todo lo que impulsó al fiscal Picardi a proceder con celeridad para evitar que cualquier elemento de prueba pueda ser dañado, destruido y/o alterado. La finalidad es solo una: acreditar o desacreditar la hipótesis delictiva que abrió el expediente penal.
La sospecha latente es poder conocer si reviste veracidad -o no-, lo planteado por Spagnuolo en los audios difundidos mediáticamente. En aquella grabación, habla del presunto pago de coimas efectuado por diversos laboratorios y/o droguerías a la firma Suizo Argentina, de cuyo producido un porcentaje sería entregado a funcionarios/as públicos/as de la Administración Pública Nacional.
Los operativos concluyeron. Una gran cantidad de documentación, dinero y contratos están en manos del fiscal. Por el momento, no hay bajo evaluación pedidos de detención. Primero buscan establecer el posible cuadro de responsabilidad de los involucrados en esta etapa del expediente.
Después, seguirá lo que más teme la Casa Rosada: una eventual instancia de indagatorias donde Spagnuolo ratifique -o no-, el circuito de sobornos relatado en la grabación.
NE
