En el marco de la investigación judicial por pérdidas millonarias vinculadas a inversiones financieras municipales, la Justicia federal ordenó allanamientos en la Bolsa de Comercio del Chaco y en la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de la causa que analiza colocaciones en instrumentos no garantizados.
Fuentes judiciales confirmaron que las medidas se concretaron para recolectar documentación y elementos de interés para la causa.
Secuestro de un celular en un peaje
En paralelo a los allanamientos, el gerente general de la Bolsa del Chaco, Julio Barrios Cima, fue interceptado en un peaje cuando se dirigía a Sáenz Peña para prestar declaración testimonial ante la Justicia provincial.
Según fuentes vinculadas al expediente, en ese marco se procedió al secuestro de su teléfono celular, en cumplimiento de una orden judicial. El abogado Adrián Gaitán, quien lo asiste, desmintió versiones sobre una eventual detención: «En ningún momento estuvo en riesgo eso, está conmigo ahora», afirmó. No obstante, confirmó que el directivo entregó el dispositivo tal como lo establecía la disposición judicial.
Barrios Cima debe declarar como testigo en el marco de la denuncia presentada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons.
La causa por la que Barrios Cima declara como testigo
El gerente de la Bolsa del Chaco, Julio Barrios Cima, fue citado a declarar en el marco de la denuncia impulsada por el diputado Santiago Pérez Pons, quien esta semana se presentó voluntariamente ante la Justicia y aportó documentación vinculada a la presunta pérdida de $1.800 millones del Municipio de Sáenz Peña.
La causa apunta al intendente Bruno Cipolini, a la secretaria de Economía María Alejandra Quintana y al secretario de Gobierno Diego Landriscina, por posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado.
Según Pérez Pons, el Municipio habría invertido fondos públicos en instrumentos no garantizados a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, tras modificar su perfil inversor para acceder a operatorias de mayor riesgo. El legislador aseguró que no existía partida presupuestaria específica ni ordenanza que habilitara esas colocaciones y que el propio intendente habría firmado la apertura de la cuenta comitente y aceptado las condiciones del mercado.
Además, incorporó a la causa documentación que —según afirmó— evidenciaría que Landriscina, autorizado a operar la cuenta municipal, también habría percibido comisiones vinculadas a la operatoria.
«Mi trabajo es denunciar y aportar pruebas. Ahora le corresponde a la Justicia investigar y esclarecer, porque 1.800 millones no desaparecen solos», sostuvo el diputado tras su presentación.
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