Una operación de rutina para destruir cargamentos de droga incautada se transformó en un escándalo institucional en Salta, luego de que una perito de Gendarmería Nacional detectara que parte de la cocaína que debía ser incinerada había sido reemplazada por plastilina. El hallazgo se produjo durante un acto oficial en el predio de Altos Hornos Zapla y activó una investigación judicial por posible desvío de estupefacientes.
El paquete adulterado simulaba contener clorhidrato de cocaína, pero al ser manipulado evidenció una masa gomosa sin rastros de droga, similar a la plastilina escolar. La anomalía fue descubierta por personal técnico de Gendarmería que participaba en la supervisión de la quema de aproximadamente dos toneladas de estupefacientes, entre marihuana y cocaína, incautados en diversos procedimientos.
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El “ladrillo” trucho había sido secuestrado meses atrás en la localidad de Orán, en un operativo que se inició por la denuncia de una mujer boliviana. Ella alertó a las autoridades tras hallar paquetes sospechosos en un vehículo. Esa causa luego ingresó al circuito judicial habitual, que incluye el almacenamiento en depósitos oficiales hasta la instancia de destrucción.
La aparición de material falso en reemplazo de droga real desató un escándalo y puso en jaque a la cadena de custodia judicial. Desde el Ministerio Público se sospecha que pudo haber corrupción interna, dado que el cargamento pasó por depósitos, traslados y pericias antes de ser llevado al lugar de la incineración.
El fiscal a cargo de la investigación ordenó peritajes químicos para confirmar la composición de la sustancia hallada y recabar registros de cada instancia del proceso. También se busca determinar si se trató de un caso aislado o si existen antecedentes similares no detectados.
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La destrucción controlada de estupefacientes es una instancia crucial en la lucha contra el narcotráfico, ya que garantiza que la droga decomisada no vuelva a circular. Sin embargo, este episodio exhibe las debilidades del sistema y pone en duda la transparencia de procedimientos pensados para inspirar confianza pública.
Salta es una de las principales puertas de ingreso de drogas desde Bolivia y, por su ubicación estratégica, figura como zona crítica en las políticas de seguridad. El escándalo expone falencias estructurales: falta de trazabilidad, controles laxos y posibles redes de encubrimiento en sectores clave del sistema judicial.
Como respuesta inmediata, se impulsarán auditorías internas y revisión de los protocolos de seguridad de los depósitos judiciales. Entre las medidas en evaluación figuran el uso de sistemas de precintos con tecnología antifraude y trazabilidad digital para cada unidad incautada, prácticas ya implementadas en otros países.
