Tres efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas de Orán pertenecientes a la Policía de Salta fueron suspendidos de manera preventiva y otros ocho están bajo investigación por la desaparición de tres kilos de cocaína que debían ser destruidos en una jornada oficial de incineración. El episodio fue descubierto el 27 de junio en la planta de Altos Hornos Zapla, en la ciudad jujeña de Palpalá, donde se iban a eliminar cerca de dos toneladas de estupefacientes.
La maniobra quedó al descubierto cuando una perito de Gendarmería Nacional detectó que uno de los paquetes presentaba una textura inusual. Al abrirlo, encontró una masa gomosa amarillenta, similar a plastilina. El narcotest dio resultado negativo. El cotejo posterior con las muestras testigo tomadas al momento del secuestro confirmó que originalmente los ladrillos contenían cocaína.
La droga había sido incautada en diciembre de 2024, tras un episodio ocurrido en Orán. Una mujer de nacionalidad boliviana llamó al 911 luego de abrir por error un vehículo similar al suyo. En su interior, la Policía encontró tres paquetes con cocaína. La mujer fue detenida y deportada, mientras que la droga quedó bajo custodia de la Dirección de Drogas Peligrosas de Orán.
La hipótesis principal es que los verdaderos ladrillos fueron retirados del depósito oficial y reemplazados por otros similares, con una sustancia inofensiva, con la intención de que fueran destruidos sin que nadie notara el cambio. El plan falló en el último paso, frente al horno que debía eliminar las pruebas.
La Fiscalía Federal de Orán inició una investigación penal para determinar en qué momento se produjo el reemplazo y quiénes fueron los responsables. La trazabilidad de los paquetes está siendo reconstruida desde el momento del secuestro hasta su traslado a los depósitos judiciales. El foco está puesto en el acceso al lugar donde se resguardaban los estupefacientes.
La Jefatura de Policía de Salta dispuso la suspensión preventiva de tres agentes que tenían a su cargo la custodia de la droga. Además, la Secretaría de Seguridad activó una investigación interna a través de Asuntos Internos. En paralelo, la fiscalía de Tartagal amplió la pesquisa a otros ocho policías que también habrían tenido acceso al depósito durante el período en que se habría producido el cambio.
La Dirección de Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad encabeza ahora la pesquisa, que podría derivar en nuevas causas judiciales. Según fuentes del caso, se están revisando otros paquetes que también podrían haber sido adulterados. De confirmarse, el expediente se ampliaría con nuevas imputaciones.
El caso remite a un antecedente ocurrido años atrás, cuando 80 kilos de cocaína que debían ser incinerados resultaron ser otra sustancia. Aquel episodio no fue esclarecido. Ahora, los investigadores analizan si se repitió el mismo procedimiento, con la participación de personal policial encargado de custodiar las pruebas.
El fiscal federal Marcos César Romero está al frente de la causa. Su equipo analiza los registros de acceso al depósito, los movimientos de los agentes implicados y la documentación de cadena de custodia. El objetivo es establecer responsabilidades y determinar si hubo participación individual o coordinada.
En el mercado ilegal del norte argentino, cada kilo de cocaína puede valer unos 2000 dólares. En el centro del país, el precio asciende a entre 3500 y 4000 dólares. Aunque el volumen desaparecido no es elevado, los investigadores no descartan que se trate de una práctica sistemática para desviar cargamentos sin dejar rastros.
La Policía de Salta emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y aseguró que no tolerará conductas que comprometan la ética dentro de la fuerza. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.
