Los allanamientos ordenados por la Justicia federal en el marco del escándalo por inversiones y cheques no garantizados en Chaco tuvieron un punto de partida concreto: la denuncia presentada el 14 de febrero y ampliada el 22 de febrero por el abogado Víctor Oscar Ruiz Díaz, quien solicitó formalmente la apertura de una Investigación Penal Preparatoria y reclamó ser admitido como querellante particular.
El escrito, dirigido al fiscal federal de Investigación Penal Patricio Sabadini, se apoya, según afirma el denunciante, en hechos que «adquirieron trascendencia pública» y que, prima facie, podrían haber provocado perjuicio institucional en la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH) y afectación de derechos de terceros.
En paralelo, la propia Bolsa difundió un comunicado en el que sostuvo que el procedimiento judicial «se circunscribió específicamente a tres oficinas pertenecientes a empleados», y que la pesquisa se vincula a «operaciones de cheques no garantizados» limitadas «a un grupo reducido de inversores y emisores». También afirmó que la información brindada se relaciona con libradores e inversores respecto de los cuales «se levantó el secreto bursátil» y buscó llevar «tranquilidad» a la comunidad y a sus socios.
Qué pidió la denuncia
En el primer tramo de su ampliación, Ruiz Díaz solicitó a la Fiscalía: preservación de escenarios y «aseguramiento de medios de prueba» para evitar manipulación o contaminación de material relevante y evaluar medidas de coerción personal previstas en el Código, para impedir interferencias de sospechosos durante la investigación, en especial el uso de «influencias indebidas» desde posiciones institucionales para «contaminar» evidencia.
El núcleo más delicado del escrito está en el pedido expreso de investigar:
1) Posible cohecho
Ruiz Díaz sostiene que podría haber existido pago de comisiones desde la BCCH a un funcionario de la Municipalidad de Sáenz Peña, en una posición «prima facie incompatible» con la función pública, que habría tenido a su cargo una «selección» de inversiones y habría recibido pagos «vía transferencia», como si fuera un «productor» de la entidad bursátil.
2) Presunta defraudación a la administración pública
En paralelo, pide investigar si se comprometieron fondos municipales en operaciones de mayor riesgo no autorizadas, lo que podría configurar una defraudación en perjuicio de una administración pública.
Además, solicita indagar una posible violación del principio de diversificación del riesgo: menciona el supuesto de inversiones concentradas hasta en un 60% de un mismo comitente «sin consentimiento expreso», y también «posibles modificaciones no consentidas» de condiciones contractuales relevantes para decidir inversiones.
Las hipótesis delictivas
El abogado propone un mapa de hipótesis que, según aclara, pueden variar de acuerdo con la calificación legal que determine el Ministerio Público Fiscal. Entre las líneas que pide explorar figuran:
– Posibles perjuicios derivados de operatorias realizadas o tentadas, con responsabilidad de quienes autorizaron, ejecutaron o controlaron.
– Incumplimientos a deberes de diligencia, idoneidad y control (cita Ley 19.550, marco regulatorio CNV y normativa complementaria).
– Eventual asociación ilícita (señala que lo plantea «en sentido amplio», sin descartar otras teorías de autoría/participación, y menciona referencias doctrinarias).
– Determinar si los actores involucrados eran realmente «inversores calificados», conforme a la Resolución General CNV 761/2018 y modificatorias.
– «Posible existencia de delito» en la venta de cheques de libradores insolventes, y si se hizo «a sabiendas», con dolo.
– Comisiones cobradas por la BCCH y por asesores de esos inversores, en el marco de las normas vigentes.
Ruiz Díaz solicita formalmente ser tenido como querellante y fundamenta su legitimación en su condición de socio fundador de la BCCH, ex síndico titular y ex miembro del consejo directivo (aporta memorias y balances para acreditar su rol) y «damnificado» por el riesgo reputacional a la institución y, por ende, a la masa societaria.
Sostiene que su participación puede aportar un «plus» por tratarse de una materia de «alta especialización» vinculada al mercado de capitales.
