El intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, apuntó con dureza contra los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, involucrados en el escándalo del fentanilo contaminado que provocó al menos 52 muertes y, en un escrito al que accedió Clarín en el que le solicitó a la Justicia que el municipio sea admitido como querellante en la causa, aseguró que esas compañías tienen vínculos con el narcotráfico, razón por la cual -pudo confirmar este medio-, el juez Ernesto Kreplak lo citará para que brinde una declaración testimonial.
Los dos hechos, la solicitud de Rosario a la Justicia y la citación judicial al jefe comunal de esa ciudad, ocurrieron este martes. Desde el Juzgado Federal Nº3 explicaron que, «en razón de sus dichos, el juzgado resolvió citarlo para prestar declaración testimonial, a fin de que (Javkin) aporte todos los elementos a su alcance, que puedan contribuir a la investigación en curso».
Sin embargo, el propio Javkin habló con Clarín. Ponderó el escrito que la municipalidad de Rosario había presentado inicialmente, apenas arrancado el día: «Lo que espero que es que (Kreplak) me admita como querellante; o sea, como parte en esta causa. Eso es mucho más que dar una declaración testimonial».
En el escrito, que tiene nueve páginas, Javkin compartió el paso a paso de los acontecimientos: «Ha habido un perjuicio directo, concreto y particular. Los medicamentos adulterados fueron suministrados en un hospital municipal. Nos obligó a sacar las ampolladas de circulación y custodiarlas poniéndolas a disposición del Tribunal, tomar medidas dentro del nosocomio ante las resoluciones del ANMAT, lo cierto es que también afectó el patrimonio del municipio (inversión en la adquisición), generó un riesgo sanatorial local, medidas de gestión extraordinarias para su tratamiento, entre otras cuestiones».
Hasta ahora, la querella por la muerte de más de medio centenar de pacientes internados en distintas terapias intensivas del país (la mayoría de Buenos Aires y, en segundo lugar, de Rosario, Santa Fe) estaba compuesta por el Hospital Italiano de la Plata -donde se destapó el escándalo de la droga contaminada con bacterias-, más cinco familiares de víctimas, más el Ministerio de Salud de la Nación.
Si bien la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, había inicialmente descartado que las muertes de su provincia pudieran tener relación causal con el fentanilo contaminado, no sólo la gobernación provincial terminó reubicando su posición (el 8 de julio anunciaron que se sumarían a la querella) sino que también la municipalidad de Rosario espera ahora ser admitida como parte en la causa que tramita en La Plata.
«Sólo dos laboratorios estaban habilitados para importar fentanilo. Esa importación creció durante la pandemia, pero luego se mantuvo en niveles inusuales. Tenemos que saber si parte de ese suministro terminó en circuitos ilegales», planteó Javkin ante medios locales.
Si bien se sabe que Ariel García Furfaro (dueño de HLB y de Alfarma) se movía en ambientes variados y aunque la relación con el circuito ilegal de estupefacientes sobrevuela lo que se viene diciendo sobre estas farmacéuticas, faltan -a priori- elementos contundentes que permitan dar por hecho el vínculo entre los dos laboratorios, el fentanilo y el circuito narco.
Fentanilo: los laboratorios Apolo, Ramallo y HLB
Sin embargo, Javkin planteó un paralelismo entre este caso y la explosión del laboratorio Apolo, suerte de prefiguración del laboratorio Ramallo (propiedad de Jorge Salinas), que explotó en 2016 en el barrio Tablada de Rosario (Santa Fe). «Sus responsables fueron absueltos y terminaron con una probation, limpiando el museo del PJ en San Nicolás», lanzó el jefe comunal, en diálogo con Clarín.
En el escrito dirigido a Kreplak, sumó que se evidencia «no sólo un vínculo entre ambas causas por los posibles responsables, sino también la falta de eficacia de la respuesta judicial administrativa anterior, que, al no haber impuesto sanciones proporcionales ni restricciones operativas como medidas de conducta, permitió la reiteración de acciones riesgosas en el ámbito farmacéutico, con consecuencias ahora pareciera letales».
Y, sin muchas vueltas, aseguró: «No puede soslayarse la reiteración de actores, bajo nuevas razones sociales, operando en el mismo sector, en un marco de aparente desapego a los marcos regulatorios agravado por una falla sistémica de control estatal, tanto a nivel penal como administrativo».
En la charla con este medio fue aún más explícito: «La voladura de Apolo tiene a los mismos actores involucrados que ahora. Esos actores, además de tener vínculos con personas ligadas al narco, siguieron operando en los años siguientes».
Por lo turbio del tema y las sugerentes declaraciones de Javkin, la Justicia Federal convocará al Intendente, a fin de que comparta su conocimiento con quienes llevan adelante la investigación. Es un asunto que no parece menor, considerando no sólo que Alfarma tiene sede en Rosario sino que es la droguería más comprometida en la investigación, ya que constituye una suerte de trío sistémico con los laboratorios HLB y Ramallo, señalados por sus famosas malas prácticas de fabricación.
Según recordó Javkin, la preocupación local por el escándalo del fentanilo se intensificó luego de que las autoridades rosarinas confirmaran que la droga contaminada había sido administrada a pacientes internados en la terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), uno de los principales centros de salud públicos de la ciudad.
Como ocurrió en el resto de los decesos, los médicos les habían administrado el potente opiáceo para hacerlos sentir mejor, sin saber que la droga estaba contaminada con bacterias que terminaron provocándoles cuadros de neumonía severa, resistentes a los antibióticos.
Tras reafirmar que Rosario se presentó como querellante en la causa penal, Javkin se mostró categórico y, nuevamente, decidido respecto de lo que para muchos es la «pata narco» de esta causa: “No vamos a tolerar que ningún grupo mafioso opere en Rosario”.
SC
