[CIUDAD DE MÉXICO, SciDev.Net] El derecho a la ciencia es una parte sustancial de la Opinión Consultiva 32/25 emitida hace unos días por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque constituye una base para la toma de decisiones públicas, señalan diversos especialistas consultados por SciDev.Net.
“El derecho a la ciencia no es algo nuevo, pero ahora la Corte dice que es un derecho procedimental. ¿Qué significa eso? Que si no se asegura el derecho a la ciencia no es posible asegurar otros derechos como el derecho al ambiente sano y al clima sano. Esto es una novedad”, afirma Danielle Anne Pamplona, profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Brasil, y copresidenta de la Global Business and Human Rights Scholars Association.
El documento define el derecho a la ciencia como “el acceso de todas las personas a los beneficios del progreso científico y tecnológico, así como a las oportunidades de contribuir a la actividad científica, sin discriminación”.
“Para que yo como ciudadana ejerza mi derecho de participar y decidir cuál es la mejor política pública en materia climática, necesito información. Y en este caso, la mejor información proviene de la ciencia”, añade Pamplona.
Pero no únicamente la ciencia moderna. El documento destaca que los Estados deben tomar en cuenta el conocimiento científico en coexistencia con los conocimientos locales, tradicionales e indígenas.
“El derecho a la ciencia no es algo nuevo, pero ahora la Corte dice que es un derecho procedimental. ¿Qué significa eso? Que si no se asegura el derecho a la ciencia no es posible asegurar otros derechos como el derecho al ambiente sano y al clima sano. Esto es una novedad”.
Danielle Anne Pamplona, profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Brasil, y copresidenta de la Global Business and Human Rights Scholars Association
Para Gregorio Mesa Cuadros, profesor en el Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (DCA) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, es crucial entender que “el saber tradicional, el saber común, el conocimiento popular no es que sea la panacea, pero son las verdaderas y únicas alternativas hasta ahora para contribuir significativamente a aprender y entender y ayudar a resolver las multicrisis”.
Algunos ejemplos son los conocimientos que ya contribuyen a disminuir los impactos de la emergencia climática como la recolección del agua de lluvia; las técnicas agrícolas tradicionales; la gestión de las zonas marinas costeras; o el desarrollo de energías renovables; así como el rol decisivo de las mujeres para gestionar los riesgos y los efectos del cambio climático.
Las técnicas agrícolas tradicionales contribuyen a preservar la biodiversidad de los cultivos y a enfrentar los impactos climáticos. En la foto, una campesina del altiplano peruano selecciona papas amargas para deshidratarlas y liofilizarlas, una forma ancestral de seguridad alimentaria. Crédito de la imagen: Zoraida Portillo.
En las 234 páginas de la Opinión Consultiva, solicitada por Colombia y Chile en 2023, la Corte menciona cerca de 40 veces que los Estados deben basarse en “la mejor ciencia disponible”, y reitera la importancia del conocimiento tradicional, local e indígena, los datos y la información climática como base para que la población tome decisiones, pueda prevenir riesgos ante los efectos del cambio climático y se beneficie del progreso científico y tecnológico.
La mejor ciencia disponible, dice el documento, es el conocimiento más actualizado; avalado por pares y estándares científicos reconocidos internacionalmente; verificable y reproducible, con fuentes de información fidedignas y conclusiones que se plantean a partir de los datos disponibles, “sin omitir, alterar o tergiversar resultados relevantes”.
“Cuando la Corte se refiere a la mejor ciencia disponible, reconoce que no basta únicamente con la jurisprudencia y que se tiene que valer de medios técnicos y científicos por parte de otras disciplinas fuera del derecho”, refiere a SciDev.Net Miguel Barboza, representante regional para Sudamérica del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
El Tribunal también reconoce que hay suficiente evidencia científica para concluir que estamos frente a una emergencia climática debido al acelerado calentamiento global por actividades del ser humano.
“Esto es importante porque a veces vemos que hay una disputa sobre la existencia o no de cambios climáticos y si es o no es una emergencia. Ahora se puede recurrir a esta opinión para saber cuál es la mejor ciencia”, detalla Pamplona.
Según el documento, “la mejor ciencia disponible en materia de cambio climático se encuentra compilada en los informes y reportes del IPCC” (el Panel Intergubernamental de Cambio Climático). Sin embargo, dice Barboza, la Corte pone énfasis en que la ciencia es dinámica, cambia permanentemente.
“Si bien la mejor ciencia es la del IPCC, no quiere decir que sea la única que vaya a existir en el futuro. O sea, esta Opinión nos llama a consultar esa ciencia, actualizarnos, estar alertas y atentos a las demás disciplinas y a los demás institutos técnicos que nos provean de la mejor información climática”, comenta.
No obstante, la Corte destaca un obstáculo: la falta de información climática de alta calidad y largo plazo que caracteriza a la región, especialmente a las pequeñas islas, incluyendo los Estados del Caribe.
“Hay una insuficiencia de datos históricos sobre el cambio climático, con una notable escasez crónica de información meteorológica y climática en regiones altamente vulnerables como América Latina y el Caribe”, indica el documento. Además, los datos se recopilan de forma incoherente y muchas veces sin la participación de los grupos afectados. Todo esto, señala la CIDH, dificulta evaluar las repercusiones del cambio climático a largo plazo.
“El modelo de desarrollo que hemos seguido implica no darle la seriedad a los datos que se necesitan”, dice a SciDev.Net Francisco Estrada, investigador del Instituto de la Atmósfera y Cambio Climático y coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“En México, y en otros países de la región, dependemos de datos que se generan en el extranjero y muchos de ellos en Estados Unidos. Cuando, como ahora, se reducen los fondos a las organizaciones que los generan, como la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica), estamos en gran vulnerabilidad”, agrega.
El Tribunal reconoce que la ausencia de datos climáticos tiene consecuencias prácticas: sin datos oceanográficos, topográficos y meteorológicos es muy difícil hacer proyecciones o evaluar los impactos de las inundaciones costeras, el aumento del nivel del mar o la intrusión salina en acuíferos.
Las expectativas
Los especialistas destacan que el mayor desafío ahora es que los Estados materialicen el derecho a la ciencia. “Hay muchos obstáculos, como la debilidad de las instituciones, la corrupción y la falta de gobernanza. A veces la ciencia está, pero lo que nos falta es la fortaleza de las instituciones, traducir lo académico en política pública”, opina Estrada.
Barboza considera que habrá más litigios climáticos y que “el documento va a ayudar a reconocer las buenas prácticas frente a la emergencia climática y también será un jalón de orejas para los Estados que no las implementan. Mucha gente dice que una Opinión Consultiva es soft law, eso es una locura. Las opiniones consultivas son jurisprudencia y son obligatorias”.
Pero aun cuando los Estados no la cumplan o tarden en hacerlo, la resolución tendrá impactos indirectos. Pamplona afirma que “puede ser un mecanismo para que los centros de investigación y las universidades tengan más financiamiento para generar ciencia, por ejemplo (…) Y, sobre todo, será un instrumento de la sociedad civil para exigir sus derechos, a la ciencia, al ambiente sano, a la salud”.
Finalmente, el Tribunal destacó que, para asegurar el derecho a la ciencia, los Estados deben compartir y cooperar entre ellos. Para Pamplona, “significa que si un Estado en la región descubre algo que por sus investigaciones científicas puede tener un impacto en el clima y es importante para la protección de los derechos de las personas, debería colaborar con los otros Estados y compartir la información”. Eso es otra novedad, afirma, “la Corte está diciendo: la cooperación regional es necesaria”.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net.
