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El conflicto por el Lote 88 en Miraflores volvió a escalar en los últimos días y encendió alarmas en el Gobierno provincial. Con un plazo judicial que apremia, el Ejecutivo chaqueño solicitará formalmente la suspensión de la escrituración para evitar un escenario de tensión social en la localidad. Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Julio Ferro, quien advirtió que avanzar en las condiciones actuales podría derivar en un conflicto entre comunidades originarias y familias criollas que habitan el lugar.
«Estamos pidiendo tiempo para evitar un conflicto y buscar una solución por la vía del diálogo», sostuvo.
¿Qué es el Lote 88 y por qué genera conflicto?
El Lote 88 forma parte del ejido municipal de Miraflores y representa una de las cuatro áreas que componen el territorio local. Sin embargo, su situación legal es compleja y arrastra años de disputas. Por un lado, existe un fallo judicial de 2013 que reconoce el carácter de propiedad comunitaria ancestral de comunidades originarias. Por otro, una ley provincial vigente establece que esas tierras pertenecen al municipio.
A esto se suma un convenio firmado en 2020 durante la gestión de Jorge Capitanich, que comprometía la transferencia del terreno a comunidades indígenas, pero sin la participación —según cuestiona el actual gobierno— de actores clave. «No participó el municipio, ni el Concejo, ni la Legislatura. Eso genera una situación jurídica muy delicada», explicó Ferro.
Un plazo judicial que presiona
El conflicto se intensifica por una intimación judicial que obliga al actual gobernador a avanzar con la escrituración antes del 31 de marzo. Desde el Gobierno sostienen que cumplir con ese compromiso en estas condiciones podría ser incluso cuestionado legalmente.«El gobernador no puede disponer de un inmueble que por ley pertenece a un municipio. Eso debería pasar por la Legislatura» , remarcó el ministro.
El dato más sensible: en el Lote 88 viven más de 300 familias, entre comunidades originarias y criollas, muchas de ellas con viviendas ya construidas.
La incertidumbre crece ante el temor de posibles desalojos si se concreta la tran encia. «Hay familias que sienten que pueden ser desplazadas. Por eso necesitamos una solución pacífica», señaló Ferro.
La apuesta: diálogo y consenso
Frente a este escenario, el Ejecutivo provincial busca abrir una nueva instancia de negociación que incluya a todas las partes: comunidades, municipio, Legislatura y Justicia. Incluso, no descartan ofrecer alternativas territoriales para destrabar el conflicto.
«Esto no se resuelve solo con una decisión judicial. Se necesita diálogo, consenso y la participación de todos los poderes», afirmó.
Un conflicto de años sin resolver
El ministro también apuntó a la falta de resolución en gestiones anteriores y aseguró que el problema se arrastra desde hace más de una década. «En 10 o 15 años no se encontraron soluciones. Hoy tenemos un plazo corto para un problema muy complejo», expresó.
El Gobierno espera que la Justicia conceda una prórroga para habilitar nuevas instancias de diálogo y evitar una escalada del conflicto en Miraflores. Mientras tanto, la tensión social sigue latente en la localidad, donde vecinos y comunidades conviven en un clima de incertidumbre.
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