A través de la Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el Gobierno nacional estableció que el Estado no podrá contratar a trabajadores que no aprueben el examen de idoneidad. En esta línea, se procederá al despido de las personas que no pasen esta prueba.
Se trata de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias que el Gobierno nacional anunció hace unos meses para los empleados estatales. Las desvinculaciones de los trabajadores del Estado que no logren la aprobación de este examen comenzarían a aplicarse a partir del segundo semestre del año.
“Establécese que, a partir del 1 de julio de 2025, los sujetos comprendidos en los incisos A y C del Artículo 8 de la Ley N° 24.156, solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones en los términos del Artículo 93 de la Ley N° 20.744 al personal que hubiera aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias”, sostiene la normativa.
Esta decisión alcanza a todos los trabajadores del Sector Público Nacional, como funcionarios de la administración nacional y sus organismos descentralizados, empresas, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta, entes públicos con autarquía financiera y fondos fiduciarios.
Más del 98 por ciento de estatales aprobó el examen
Como respuesta a la resolución, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informaron que, hasta marzo, un total de 41.532 estatales rindió el Sistema de Evaluación Pública (SEP). Y el resultado fue más que positivo, ya que afirmaron que más del 98 por ciento de los empleados superó el examen.
“Los reyes del achique y el recorte se gastaron más de 2.500 millones de pesos para estigmatizarnos a los empleados públicos y fracasaron porque todos rindieron bien”, aseguró el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y aseveró: “Los maestros de la eficiencia derrocharon recursos públicos en evaluaciones de desempeño que nunca tuvieron sentido”.
“Cualquiera podría haber anticipado el resultado con solo saber que se exigía probar su idoneidad a trabajadores con 5, 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad”, criticó, y enfatizó: Parece que los burros no éramos los trabajadores, sino los funcionarios que empezaron a ingresar hace poco más de un año. Esperemos que frenen en el resto del país con la implementación de esto”.