Sinópoli explicó que la medida de fuerza nacional realizada esta semana tuvo como eje principal el pedido de reapertura de la paritaria nacional docente, suspendida desde la asunción del actual Gobierno nacional.
«Desde que este Gobierno asumió, lo primero que hicieron fue cerrar nuestra paritaria nacional. Los canales de diálogo están cortados y eso nos impide trabajar con normalidad», señaló.
«Hace 21 meses que no cobramos el incentivo docente»
La dirigente gremial remarcó que uno de los reclamos más urgentes es el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representa entre un 10% y un 15% del salario.
«Hace 21 meses que no lo cobramos. En el caso de quienes tienen doble cargo, el Estado Nacional les adeuda alrededor de cuatro millones de pesos por trabajador o trabajadora. Es una parte muy importante del ingreso», subrayó.
Además, reclamó que se restaure la Ley de Financiamiento Educativo, derogada tras la aprobación de la Ley Bases, y que se revise el presupuesto nacional previsto para 2026, que reduciría drásticamente los fondos destinados al área.
«Veníamos creciendo hasta alcanzar el 6,5% del PBI destinado a educación, con el objetivo de llegar al 10%. Pero este Gobierno propone un 0,75%. Eso condena a la educación pública a un lugar de descarte», advirtió.
«Las docentes somos en su mayoría mujeres y muchas sostenemos hogares»
Consultada sobre el impacto económico en la vida cotidiana de los educadores, Sinópoli describió un escenario de endeudamiento y precarización creciente.
«El 80% del personal docente somos mujeres, muchas de nosotras jefas de hogar. Hoy hay problemas para pagar alquileres, servicios, las tarjetas de crédito. La gente pide préstamos para llegar a fin de mes. Es angustiante», expresó.
La dirigente agregó que a esa situación económica se suma la realidad social de los estudiantes:
«Llegamos a la escuela y nos encontramos con familias atravesadas por la pobreza, con necesidades extremas. Todo eso se refleja en el aula, y los docentes somos los primeros en recibir ese impacto.»
Violencia en las escuelas y falta de acompañamiento
Sobre los episodios recientes de violencia contra docentes, Sinópoli reconoció que el fenómeno está en aumento:
«Estamos absolutamente expuestos. La escuela es la primera caja de resonancia de los conflictos sociales. Cuando el Estado no está, las familias golpean la puerta de la escuela porque es el único lugar que los recibe.»
En ese sentido, reclamó una mayor articulación con otros organismos del Estado:
«Si cada uno cumpliera su función, podríamos morigerar algunas situaciones. Pero no vemos acompañamiento. La escuela tiene la puerta abierta, como los hospitales, y son los espacios donde se viven las situaciones más apremiantes.»
Deserción y trabajo infantil encubierto
Otro tema que preocupa al gremio es la caída en la asistencia escolar, especialmente en adolescentes.
«Muchos chicos en edad preadolescente o adolescente nos dicen: ‘señor, no puedo venir todos los días, tengo que salir a trabajar’. Van intermitentemente porque necesitan aportar algo a la casa», relató Sinópoli.
Esa realidad, advirtió, expone a los jóvenes a situaciones de riesgo y precarización:
«Hay chicos que trabajan como peones, les pagan poco, pero igual lo hacen para ayudar. Es muy peligroso, porque el Estado no les está ofreciendo otra salida.»
Salud mental y falta de recursos
La secretaria general también se refirió a la crisis de salud mental que atraviesa tanto a docentes como a estudiantes.
«Es una demanda que crece y no hay respuesta suficiente. Faltan recursos y equipos de acompañamiento. La salud mental no puede seguir siendo una deuda», indicó.
En ese punto, denunció que el Gobierno nacional adeuda a la provincia de Buenos Aires cerca de 14 billones de pesos en concepto de fondos y coparticipación:
«Sin recursos es imposible afrontar tanta demanda social. La educación, la salud, los jubilados, los jóvenes, todos necesitan políticas activas. Hoy el Estado nacional no está dando respuestas.»
Finalmente, Sinópoli destacó que la provincia de Buenos Aires continúa manteniendo abierta la paritaria docente y algunos programas de asistencia alimentaria, aunque insistió en que «no alcanza».
«Si el presupuesto educativo baja al 0,75%, no hay manera de sostener la escuela pública ni las condiciones de enseñanza y aprendizaje», concluyó.
