Redacción El País
Una investigación de la Universidad Claeh con el apoyo de ONU Mujeres y la embajada de los Países Bajos —para el que se entrevistó a diversos operadores del sistema de justicia, y se analizaron expedientes y sentencias— concluyó que las denuncias falsas en materia de violencia basada en género en Uruguay «son insignificantes”. Estas, según el relevamiento, fueron dos en el período que fue desde 2021 a 2023.
Para la investigación se realizaron 25 entrevistas —a jueces, fiscales, defensores y expertos—, se analizaron los 89 expedientes judiciales en los que se formalizó al menos a una persona por el delito de calumnia y simulación de delito, y se estudiaron las 23 sentencias de los Tribunales de Apelaciones de Familia, Penal y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de casos en los que el denunciado tuviera una “denuncia falsa de violencia de género como argumento defensista”.
En el informe se plantea que, de los 85 expedientes de delito de calumnia y simulación de delito informados por la Fiscalía General de la Nación, «36 refieren a simulaciones de hurtos, 27 a rapiñas, los restantes a otros delitos y solamente dos estuvieron vinculados a situaciones de violencia de género, las cuales fueron rápidamente detectadas y sus responsables sancionados penalmente sin consecuencias perjudiciales para la persona contra quien se dirigió la denuncia falsa”.
Uno de estos dos casos corresponde a una «mujer que denuncia falsamente a un varón por un hecho que encuadra dentro de la violencia basada en género al tratarse de un supuesto delito sexual contra un niño».
El otro es de un hombre condenado —reconoció su accionar delictivo— por realizar «reiterados llamados al 911 denunciando situaciones de violencia doméstica en el inmueble que habita su expareja con su nueva pareja».
Este segundo caso —se explica en el informe— se incluyó «a pesar de que estrictamente no encuadraría en la hipótesis que se intenta plantear por los detractores de la ley 19.580, esto es, la ocurrencia de denuncias falsas de violencia o agresiones contra varones realizadas por mujeres».
Por otra parte, en el relevamiento de la jurisprudencia, “tanto de los tribunales de apelaciones penales y de familia como de la SCJ, en casos en que se utiliza la falsa denuncia como argumento defensista, tampoco surgen datos de que estas tengan alguna relevancia como para sostener que la ley 19.580 las promueve o facilita de alguna forma”, se añade.
Al mirar la jurisprudencia penal —continúa el informe que se presentó este miércoles de tarde en el Palacio Legislativo— “queda en evidencia que las defensas fundamentadas en la existencia de denuncias falsas carecen, en la práctica, de soporte fáctico y probatorio suficiente para prosperar”. Además, se encontró que los “órganos jurisdiccionales, aplicando de manera estricta el estándar de valoración de la prueba y garantizando el pleno respeto del debido proceso, han rechazado sistemáticamente este tipo de argumentaciones, valorando la solidez de las declaraciones de las víctimas y su corroboración mediante otros elementos probatorios”.
En su conclusión, el informe señala que según la opinión de 22 de las 25 personas entrevistadas —entre los que hay fiscales de delitos sexuales, fiscales de violencia basada en género, jueces penales y de familia, ministros del Tribunal de Apelaciones, peritos, integrantes de la Unidad de Víctimas, defensores públicos—, “las denuncias falsas en materia de violencia basada en género son excepcionales”. A su vez, los entrevistados, “en su gran mayoría”, coinciden en que la ley 19.580 “promueve el acceso a la justicia y contribuye a fortalecer los derechos de las víctimas, manteniendo un equilibrio necesario entre la protección y el debido proceso”.
En la presentación, la directora de investigación de la cátedra de género y generaciones de Claeh, Teresa Herrera, señaló que los motivó a iniciar la investigación las propuestas de modificaciones a la ley 19.580 que «comenzaron a aparecer» en el último tiempo y que, según se «fundamentaba en un proyecto que venía de la Presidencia (durante el gobierno de Luis Lacalle Pou), era evidente que habían muchas denuncias falsas».
En el trabajo participaron también las investigadoras Alicia Deus, Natalia Fernández y Soledad Suárez.
“Identificar factores que alimentan percepción errónea”
El informe incluye una serie de recomendaciones con base en que, pese a la “inexistencia” de un “problema estructural asociado a denuncias falsas en el ámbito de la violencia basada en género”, dicho “fenómeno continúa siendo señalado por ciertos sectores de la sociedad y algunos operadores jurídicos como si se tratara de una problemática extendida, lo que pone de manifiesto la existencia de un imaginario colectivo que distorsiona la realidad”.
En ese contexto, se destaca que es “imprescindible identificar y actuar sobre los factores que alimentan esa percepción errónea en el ámbito judicial y social”.
Una de las recomendaciones es la “necesidad de sostener e intensificar los procesos de formación en perspectiva de género dirigidos a operadores del sistema de justicia penal”. También “se considera necesario mejorar los sistemas informáticos del Ministerio Público y del Poder Judicial, de forma que sea posible generar y consultar datos confiables, accesibles y comprensibles sobre categorías relevantes —como el delito de simulación de delito— o sobre la evolución procesal de causas inicialmente vinculadas a denuncias por violencia de género”.
Al mismo tiempo, señalan la necesidad de “incrementar la dotación de personal técnico especializado en violencia basada en género”, y de “promover, dotar de recursos y profundizar en la investigación de la problemática”.
«Una narrativa que se repite»
De ONU Mujeres, Magdalena Furtado, destacó en la presentación que es un «hito poder tener la primera investigación» sobre denuncias falsas en Uruguay pero, además, que esta metrología se pueda replicar en otros países.
Por su parte, el embajador de los Países Bajos, Mauritz Verheijden, indicó en la presentación: «Venimos desde distintas latitudes pero nos une la misma necesidad: erradicar la violencia basada en genero». En esa línea, señaló que, «aunque el informe se enfoca en Uruguay, la violencia basada en genero es una cuestión global». Y reafirmó: «Está en todas partes. También lo vivimos en Países Bajos».
A lo que sumó: «En medio de un clima generalizado más reactivo ante los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, se dan situaciones regresivas como voces que dicen que las leyes de reconocimiento de género son solo en favor de los mujeres o que muchas de las denuncias son falsas en perjuicio de los hombres. Una narrativa que se repite, una barrera más que enfrentamos y que agrega dificultades a la hora de que algunas víctimas denuncien. Por eso, la importancia del conocimiento y la información. Porque las denuncias falsas existen pero son absolutamente excepcionales».
