Organismos de derechos humanos de Salta expresaron su preocupación ante la falta de avances en el proceso de renovación de los mandatos del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, cuya continuidad podría verse comprometida a partir de febrero de 2026.
El reclamo fue emitido por la Mesa de Derechos Humanos de Salta, integrada por Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, la Asociación Lucrecia Barquet, HIJOS, la Asociación Coca Gallardo, junto a la Asociación Miguel Ragone y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Las organizaciones advierten que aún no se ha iniciado el proceso de selección para la renovación de los mandatos, pese a que deben llevarse adelante distintas etapas vinculadas con la transparencia, la participación y la evaluación de idoneidad de los/as postulantes: convocatoria a un tribunal ad hoc, publicidad de la convocatoria, recepción de postulaciones, periodo de impugnaciones o adhesiones, entrevistas y dictamen.
“El 4 de agosto presentamos esta preocupación mediante nota formal al ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, ingeniero Ricardo Villada, sin ningún tipo de respuesta a la fecha. Creemos que la puesta en funcionamiento del Comité para la Prevención de la Tortura de Salta ha representado un paso fundamental del Gobierno Provincial en materia de derechos humanos y el cumplimiento de un compromiso previamente asumido”, manifestaron.
Además, resaltaron que el Comité desarrolla un proceso de monitoreo permanente en lugares de privación o restricción de libertad para combatir la tortura y los malos tratos, con seguimiento de recomendaciones, participación en instancias de articulación interpoderes e intersectoriales a nivel provincial, nacional e internacional, y mantiene abiertas acciones judiciales como el habeas corpus por la situación apremiante en comisarías del interior de la provincia.
“Ninguna de estas acciones puede verse interrumpida por falta de voluntad o por intencionalidad política. Alertamos que la falta de renovación de los mandatos a tiempo puede dejar al Comité sin quórum para funcionar, peligro inminente agravado porque los mandatos que se vencen son justamente los de nuestros representantes como organismos de derechos humanos, quienes aseguran la posibilidad de un funcionamiento independiente del organismo”, señalaron.
La necesidad del Comité
Los mandatos de los comisionados representantes de los organismos, Rodrigo Solá y Cristina Cobos, vencen el 14 de febrero de 2026. Sin embargo, el proceso de selección aún no ha comenzado. “Se está pasando el tiempo y es necesario que el gobierno llame para el concurso de los dos representantes de los organismos de derechos humanos en el Comité”, dijo a Salta/12 Blanca Lescano, integrante de la Mesa de Derechos Humanos.
Lescano resaltó que el Comité “es la única institución autárquica que puede ver todas las situaciones de violencia institucional y policial y entrar a todas las dependencias de la policía”. Explicó que su conformación responde a leyes internacionales sobre prevención de la tortura, tratos crueles e inhumanos, y que su puesta en marcha en Salta se logró hace unos años, aunque demoraron “casi dos años después del concurso de la provincia” en nombrar a los representantes.
“Cuando tuvimos la reunión del Consejo Consultivo del Comité, uno de los miembros dijo que el gobierno había derivado esta función para que la Secretaría de Derechos Humanos haga la convocatoria, y hasta el día de hoy no la hicieron. Pensamos que por razones del proceso electoral, pero ahora ya como que los tiempos se van acortando”, agregó.
Lescano también destacó que “estuvo parte del Comité Nacional de Prevención de la Tortura en Salta, acompañando todo lo que había hecho el Comité Provincial, porque trabajó estos años y ayudó en cierta manera al gobierno de la provincia a hacer relevamiento de todas las situaciones carcelarias y la precariedad que había en algunas de ellas. Hasta llegó a la Corte de Justicia”.
“Nosotros como organismo de derechos humanos estuvimos como amigos del tribunal en la presentación que hizo el Comité ante la Corte de Justicia. Estuvo una audiencia y el gobierno se comprometió a resolver las situaciones de urgencia que había. Y ahora, con lo que pasó, con el incendio en la alcaldía, se pone en evidencia la necesidad de este Comité para resolver y mostrar todas las situaciones que ocurren en los contextos de privación de la libertad”, sostuvo.
Además, subrayó que el Comité no solo monitorea contextos penitenciarios, sino también instituciones de salud mental. “También tiene que ver el Hospital Ragone y las personas que están recluidas en ese lugar”, señaló. “Nosotros también hicimos una inspección ahí de toda la situación del Hospital Ragone. Todo eso está registrado en los informes que ha presentado el Comité”, resaltó.
Lescano remarcó la importancia del Consejo Consultivo del Comité, “donde están representadas distintas instituciones, incluido el Colegio de Abogados, todas las instituciones del Estado, de la justicia y la universidad. Distintas instituciones forman el Consejo Consultivo, que es una entidad muy importante para debatir todos los problemas que ocurren en la provincia”.
“El Consejo Consultivo, aparte de nosotros como organizaciones de derechos humanos, también lo integra la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Sería importante también mostrar todas las personas que lo constituyen. Muchas organizaciones no gubernamentales o cualquier persona o grupo que quiera incorporarse a ese Consejo Consultivo, eso sí es absolutamente libre y puede poner sus opiniones sobre los distintos tipos de situaciones”, concluyó.
Este martes 4 de noviembre, organismos de derechos humanos de Salta convocan a una conferencia de prensa para exigir al gobierno provincial la inmediata convocatoria al concurso público de renovación de mandatos del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. La actividad se realizará a las 10.30 en el Bar Los Tribunales, ubicado en la esquina de Rivadavia y Mitre, en la ciudad de Salta.
