Una nueva polémica envuelve a la ciudad de Dolores tras conocerse que Mariana Etchevarren, exasesora legal e integrante de la gestión municipal liderada por su hermano, Camilo Etchevarren, exintendente de Coalición Cívica · PRO, solicitó a la Oficina de Procuración local la condonación de una deuda de más de $2.400.000 correspondiente al año 2015, vinculada a un campo familiar.
Lo llamativo del caso es que, durante los cinco años en que la deuda pudo haber sido reclamada, la administración municipal —encabezada por Camilo Etchevarren— no tomó ninguna medida para exigir su pago, permitiendo así su prescripción. Finalmente, este año, tras el pedido de Mariana Etchevarren, la Procuración aprobó la cancelación de la deuda.
El contraste con otras acciones del municipio es notorio: bajo la misma gestión, se iniciaron juicios contra ciudadanos por montos mucho menores, que iban desde $50.000 hasta $80.000, demostrando que no se aplicaron los mismos criterios para todos los contribuyentes. Además, los Etchevarren podrían haber accedido a la moratoria vigente y regularizar su deuda con una reducción del monto, pero optaron por no hacerlo.
Cabe señalar que el campo en cuestión no solo pertenece a Mariana Etchevarren, sino también al propio Camilo Etchevarren, lo que refuerza las críticas sobre un manejo arbitrario de los fondos públicos y beneficios exclusivos para la familia del exintendente.
Este hecho se suma a una serie de denuncias previas sobre presuntas irregularidades durante la gestión de Etchevarren, generando dudas sobre la transparencia y equidad en la administración municipal de Dolores.
