La necesidad de perfiles profesionales con habilidades multidisciplinarias surgió como una de las principales demandas actuales de los sectores público y privado ante la expansión de grandes proyectos de infraestructura en América Latina. Esta observación fue una de las reflexiones finales del foro virtual sobre Asociaciones Público-Privadas (APP), donde expertos internacionales analizaron tanto los desafíos como las oportunidades de estos esquemas de colaboración, y donde se abordó la urgencia de avanzar en formación específica y adecuada para la gestión moderna de contratos APP. Según consignó la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), organizadora del encuentro, actores del sector coincidieron en que el auge de las APP impulsa a su vez una dinámica positiva para profesionales especializados y advierten que la complejidad de los proyectos requiere habilidades jurídicas, financieras, técnicas y ambientales integradas.
De acuerdo con la información recogida por la UNIR, el foro virtual reunió a tres especialistas de reconocida trayectoria, quienes expusieron ante participantes de 21 países de la región y de España sobre el rol de las APP para cerrar brechas en sectores estratégicos como vialidad, puertos, aeropuertos y servicios sociales. La moderación estuvo a cargo de la abogada ecuatoriana María Fernanda Garcés, quien planteó que las APP constituyen decisiones de naturaleza no solo contractual, sino también jurídica, económica y estratégica, con peso directo en la sostenibilidad futura de los proyectos públicos.
Durante el debate, Eduardo Falquez, viceministro de Inversiones Público-Privadas del Ecuador, indicó que en América Latina existe una oportunidad clave para fortalecer la institucionalidad de los modelos APP y así garantizar el cierre de brechas históricas en infraestructura. “Las APP permiten evolucionar la inversión pública y aprender de modelos más maduros, generando un ganar-ganar para el Estado, el privado y el usuario”, expresó, según informó la UNIR. Falquez detalló los avances logrados en Ecuador para mejorar y robustecer los contratos, priorizando estudios técnicos previos rigurosos y el establecimiento de marcos regulatorios claros y estables, lo que, a su juicio, determina la viabilidad y sostenibilidad de cada proyecto.
El foro, tal como publicó la UNIR, también resaltó la urgencia de extender el empleo de las APP a servicios sociales, fundamentalmente en salud y educación, como parte de una estrategia integral para ampliar la cobertura y calidad de prestaciones estatales con la participación del sector privado. Falquez señaló que los marcos contractuales deben ser cada vez más sólidos para responder tanto a la demanda de los ciudadanos como a los requerimientos técnicos y financieros de los inversionistas.
Por otro lado, Jaime Li, consultor peruano especializado en regulación e infraestructura y con trayectoria en organismos multilaterales, enfatizó que la seguridad jurídica representa el principal elemento para atraer capital privado al desarrollo de infraestructura. «Los inversionistas buscan reglas de juego claras y una adecuada asignación de riesgos, para evitar encarecer el financiamiento», manifestó en el foro, de acuerdo con la cobertura de la UNIR. Li advirtió sobre las consecuencias de errores frecuentes en la estructuración de APP, que van desde la politización de los proyectos hasta fallas graves en la asignación de riesgos entre las partes, lo que puede derivar en costos superiores y menor atractivo para los inversores.
La moderación puso en foco la madurez institucional como requisito esencial para implementar esquemas APP exitosos. Según publicó la UNIR, los participantes discutieron el impacto que puede tener una evaluación deficiente de los proyectos y la necesidad de incorporar a la revisión todos los elementos técnicos, ambientales y sociales antes de avanzar en licitaciones o adjudicaciones.
El evento también analizó las tendencias laborales, advirtiendo que se incrementa la demanda de especialistas capaces de interactuar con disciplinas variadas: derecho, economía, finanzas, ingeniería y gestión ambiental. Falquez describió este nuevo perfil profesional como “híbrido” y explicó que resulta indispensable para atender las necesidades actuales del ciclo de vida de una APP y de los contratos complejos que exige este tipo de gestión público-privada. Los panelistas coincidieron en señalar la importancia de favorecer la profesionalización y capacitación continua ante esquemas regulatorios y técnicos cada vez más exigentes. Consultorías, banca, fondos multilaterales, administraciones públicas y firmas legales fueron identificadas entre las organizaciones que actualmente buscan este capital humano especializado.
Asimismo, el foro abordó la relevancia de mecanismos de resolución de controversias ágiles y efectivos, concepto que surge ante la advertencia de que paralizaciones o litigios prolongados afectan negativamente a todos los actores involucrados, desde el Estado y las concesionarias hasta los usuarios de los servicios.
En la parte final de la jornada, tal como informó la UNIR, se presentó una oferta de formación avanzada: el Programa Executive en Asociaciones Público-Privadas. Esta propuesta académica apunta a formar expertos en el diseño, estructuración y gestión de contratos APP, alineada con estándares internacionales y orientada a responder a la creciente demanda de talento técnico y profesional, especialmente en un contexto en el que los proyectos de infraestructura en América Latina y España adquieren cada vez mayor relevancia estratégica.
La convocatoria al evento sumó centenares de personas inscritas de 21 países, lo que, según reportó la UNIR, refleja el creciente interés por el desarrollo de capacidades en este campo y la participación activa de organismos multilaterales, consultores, funcionarios públicos y operadores privados en el debate sobre el futuro de las APP en la región.
