En la víspera del aniversario número 50 del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un grupo de expertos de las Naciones Unidas emitió un duro comunicado en el que advierte que hay “alarmantes retrocesos en justicia y derechos humanos” en la Argentina.
Es tos expresaron “profunda preocupación» por lo que llamaron «las medidas regresivas adoptadas en Argentina, que amenazan con socavar cuatro décadas de avances ejemplares en materia de memoria, verdad y justicia, y han advertido que las informaciones sobre un posible otorgamiento de indulto a militares condenados por crímenes internacionales supondrían un grave retroceso para la rendición de cuentas.”
#Argentina: Alarming setbacks in transitional justice on 50th anniversary of coup d’état, warn UN experts. “Regressive measures risk undermining four decades of exemplary progress in memorialisation, truth, and justice”.https://t.co/d8uRKBtyPF pic.twitter.com/OCk8xbRODq
— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) March 19, 2026
“Desde el retorno a la democracia en 1983, Argentina se ha consolidado como un referente mundial en materia de justicia transicional”, afirmaron los expertos, al hacer balance de los avances y los retos en el 50º aniversario del inicio de la dictadura militar en Argentina.
El comunicado recuerda que la Argentina fue líder en lo que se llama «justicia transicional» desde el retormo a la democracia. Y por en virtud de ello se manifesta preocupado rechaza los trascendidos de que Milei indultará a los militares que todavía están presos por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983), muchos de ellos muy ancianos. Pero ello salió de usinas libertarias y no tiene respaldo oficial del Ejecutivo en público.
Sin embargo, el discurso del Ejecutivo para los últimos dos 24 de marzo ha sido distinto a los que históricamente se difundieron con todos los gobiernos anteriores. Este habla de “memoria completa”, se enfoca solo en el accionar violento de los grupos guerrilleros, quiere abrir sus causas judiciales y juzgarlas como terrorismo y al mismo tiempo abrió un debate muy sensible cuestionando que sean 30.000 los desaparecidos.
Los expertos de la ONU destacan el trabajo de la CONADEP, como el Juicio a las Juntas, el enjuiciamiento y sanción penal de más de mil perpetradores de crímenes de lesa humanidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la restitución de la identidad de niños desaparecidos forzadamente y el establecimiento de decenas de sitios y políticas de memoria.
Gabriel Salvia, Director General de CADAL, y una de las pocas ONGs de la Argentina que históricamente puso la lupa en los abusos de las disctaduras latinoamericanas -entre ellas Cuba, Venezuela y Nicaragua- lo enumera la situación actual así: “El gobierno argentino desmanteló la Dirección de Derechos Humanos (de la Cancillería) e ignora a las organizaciones de la sociedad civil. Echó a la mayor parte de su personal meritocrático, y retiró la candidatura de la Argentina al Consejo de Derechos Humanos, teniendo los votos suficientes para ser electa en 2025. Además, no interviene en Ginebra denunciando violaciones graves de derechos humanos en contextos autoritarios, y abandona totalmente la aplicación del principio de «no indiferencia», Recordó Salvia que «votó en Naciones Unidas en contra de resoluciones de derechos humanos, contraviniendo los tratados con rango constitucional que tiene nuestro país. En muchos casos, estas acciones constituyen «incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad», señaló.
Por su parte, Verónica Torras, vicepresidenta del CELS y directora de Memoria Abierta, que tuvieron más compromisos con los gobiernos kirchneristas que, por ejemplo CADAL, dijo que el “pronunciamiento de los distintos grupos de trabajo y relatorías de Naciones Unidas” era “fundamental” porque “permite poner un límite a las regresiones que el gobierno argentino está llevando adelante en materia de políticas de memoria, verdad y justicia.”
En lo que hace al comunicado de Naciones Unidas de las últimas horas, los expertos expresaron su preocupación al Gobierno en seis ocasiones en relación con las medidas regresivas adoptadas desde 2024, incluidas la reducción del papel del Estado en la promoción de las investigaciones penales por crímenes contra la humanidad, la obstrucción del acceso a los archivos de la dictadura y el debilitamiento de mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas.
Los expertos de la ONU dijeron el jueves que en los últimos años, el Gobierno argentino también había desmantelado instituciones dedicadas a la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación de archivos y la promoción de los derechos humanos, señalaron los expertos.
“Estas medidas socavan los cimientos de la justicia transicional, la democracia y el Estado de derecho, a la vez que debilitan las garantías de no repetición”, afirmaron.
Los expertos expresaron su profunda preocupación por las instancias públicas de negacionismo y glorificación de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, los discursos estigmatizantes contra las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, y las descalificaciones de las políticas de justicia transicional. No lo dicen, ni refieren a ello pero dentro de esos ejemplos se encuentran las burlas que por ejemplo en televisión ha hecho en televisión la diputada libertaria Lilia Lemoine, cuando se habla de los crímenes de la dictadura.
“Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio en relación con estos crímenes y sus víctimas. Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos”, afirmaron.
