Tras una serie de allanamientos realizados en Entre Ríos y Río Negro, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó decenas de casos de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo infantil. En total, se relevaron 28 trabajadores “con irregularidades en sus condiciones de contratación y de vida”, en operativos de trabajo conjunto con la Policía Federal.
En territorio entrerriano, el centro de atención fue la localidad de San Benito, donde el operativo se originó a partir de una denuncia recibida en la línea 0800. Allí constataron que había cinco personas que trabajaban «hasta 12 horas diarias, de lunes a sábado”.
Con la investigación, descubrieron que los trabajadores habían sido contactados a través de las redes sociales y luego “trasladados por el empleador, quien los indujo a un sistema de endeudamiento”.
Según detallaron fuentes del caso, las víctimas de esa operación vivían en una casilla de madera en condiciones inhumanas, «durmiendo sobre colchones destruidos, sin elementos de cocina, con un inodoro improvisado y consumiendo agua no apta para el consumo humano”. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Federal de Paraná.
«Casos críticos de trabajo infantil»: qué encontraron en Viedma
Hubo otro operativo similar en Río Negro, también con el trabajo coordinado desde ARCA junto diversos organismos nacionales y provinciales como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE), la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina (PFA).
Ocurrió en Viedma, donde “se fiscalizaron tres predios dedicados a la horticultura». Allí se contaron 23 trabajadores, “todos con infracciones laborales”.
El panorama en este operativo fue aún más difícil porque alli descubrieron «casos críticos de trabajo infantil», entre quienes se contaba a una adolescente de 15 años «que realizaba tareas de cosecha y empaque desde los 12 años». El pago que le otorgaban «era apenas de $10.000 semanales».
En tanto, también dieron con una joven de 17 años que manifestó trabajar y vivir en el predio desde los 15 años. Además, dieron con un empelado de origen boliviano que además estaba indocumentada.
Los hallazgos condujeron a presentar una denuncia ante la Fiscalía Federal de Viedma «para que se investiguen las responsabilidades penales correspondientes».
Con estas acciones, señalaron a través de un comunicado, los organismos intervinientes «reforzaron la lucha, contra la explotación laboral y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores en territorio nacional».
