
El Grupo Libertad y Democracia y varios exjefes de Estado y de Gobierno han expresado inquietud ante la comunidad internacional por lo que consideran una serie de vulneraciones sistemáticas de los derechos del expresidente Álvaro Uribe Vélez en su reciente proceso judicial.
En una comunicación formal, que se realizó el 1 de agosto de 2025, día en el que se conocerá la condena del expresidente luego de haber sido hallado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, tal como lo determinó la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, el colectivo describe cómo, pese a que la Procuraduría General de la Nación solicitó “la absolución del expresidente el día 27 de junio de 2025, mediante un pronunciamiento fundado en derecho”, el tribunal emitió un fallo condenatorio en primera instancia, pasando por alto dicha solicitud e ignorando la postura de un órgano constitucional.
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La carta, dirigida a figuras clave de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos y los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exige “que se ampare el derecho fundamental, interamericano y humano al debido proceso y a la debida defensa” en el caso Uribe.
Los remitentes solicitan que se active el monitoreo internacional, se emitan recomendaciones urgentes, se impongan medidas de protección, y que se requiera al Estado colombiano información detallada sobre los estándares procesales aplicados y correctivos adoptados para asegurar un juicio justo conforme a la Convención Americana y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El grupo señala que “durante su mandato, el expresidente Uribe extraditó a más de 1.400 criminales a los Estados Unidos. Entre ellos cuentan los 14 principales capos paramilitares, quienes cumplieron condenas el doble de largas que las que habrían cumplido en Colombia”.
Según el documento, esto ha generado animadversión entre algunos extraditados, quienes —se sostiene— han impulsado el proceso penal en su contra.
Los firmantes también destacaron una serie de irregularidades. Denunciaron la “interceptación ilegal de comunicaciones privadas” del expresidente, con “más de 21.000 registros de comunicaciones privadas… sin autorización judicial”, lo que a su juicio debería invalidar el proceso.
Plantean además que las “filtraciones selectivas a medios de comunicación” y la consecuente cobertura mediática han redundado en “una condena mediática que afectó el juicio de los decisores” y en “incontables amenazas personales y virtuales” contra el propio Uribe y su entorno.

La credibilidad de los testigos también es cuestionada dentro del texto, señalando que “el principal testigo del caso, Juan Guillermo Monsalve, fue condenado durante la presidencia del expresidente Uribe a 40 años de prisión por secuestro y concierto para delinquir”.
Añaden que otros testigos han sido objeto de investigaciones por falso testimonio, lo que abona a su preocupación por la falta de fiabilidad y equidad procesal.
De igual manera, recalcan que existieron “anomalías procesales” como la homologación de un llamado a indagatoria a una imputación, la admisión de pruebas a pesar de interceptaciones irregulares, y la restricción del derecho de defensa mediante medidas cautelares, todo ello, aseguran, en violación de los estándares internacionales.
Mencionan como otro elemento relevante el “cambio intempestivo en la postura de la Fiscalía General de la Nación”, que luego de solicitar en dos ocasiones la preclusión del proceso, acusó a Uribe tras un cambio de administración y liderazgo en la Fiscalía.

Los firmantes manifiestan: “Hoy enfrenta un anuncio de condena en primera instancia que se ha construido sobre una cadena de irregularidades”.
Aseguran que el expresidente Uribe “se ha sometido a la justicia, ha comparecido personalmente, ha colaborado en cada instancia y cada paso de este tortuoso procedimiento”.
En la solicitud, quienes firman la carta piden que los organismos internacionales activen los mecanismos adecuados de monitoreo, protección y pronunciamiento para evitar que se consolide un precedente que pudiera socavar “los pilares de los sistemas Universal e Interamericano de derechos humanos”.
Uno de los hombres que apoyo esta determinación fue el expresidente Iván Duque, que no conforme con firmar la carta que consta de cinco páginas, por medio de su cuenta de X replico la información de la misma dicha por su propia boca abogando por la inocencia de Uribe Vélez y ratificado las medidas que tomaran desde la colectividad internacional.
«El día de hoy, un grupo de expresidentes, cerca de veintiocho que somos miembros del grupo Libertad y Democracia y el grupo IDEA, hemos enviado una comunicación a varias organizaciones y organismos del sistema interamericano y también de la Organización de Naciones Unidas, pidiendo la atención y la acción frente a todas las irregularidades que se han presentado en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez“, pronunció Duque.
El documento fue firmado por los siguientes exmandatarios:
- Mauricio Macri, Expresidente de Argentina
- Carlos Mesa G., Expresidente de Bolivia
- Jorge Tuto Quiroga, Expresidente de Bolivia
- Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Expresidente de Chile
- Iván Duque, Expresidente de Colombia
- Óscar Arias, Expresidente de Costa Rica
- Rafael Ángel Calderón, Expresidente de Costa Rica
- Miguel Ángel Rodríguez E., Expresidente de Costa Rica
- Osvaldo Hurtado Larrea, Expresidente de Ecuador
- Guillermo Lasso Mendoza, Expresidente de Ecuador
- Jamil Mahuad, Expresidente de Ecuador
- Lenin Moreno, Expresidente de Ecuador
- Alfredo Cristiani, Expresidente de El Salvador
- Vicente Fox, Expresidente de México
- Felipe Calderón, Expresidente de México
- José María Aznar, Expresidente del Gobierno de España
- Mariano Rajoy, Expresidente del Gobierno de España
- Nicolás Ardito Barletta, Expresidente de Panamá
- Mireya Moscoso, Expresidenta de Panamá
- Ernesto Pérez Balladares, Expresidente de Panamá
- Mario Abdo Benítez, Expresidente de Paraguay
- Federico Franco, Expresidente de Paraguay
- Juan Carlos Wasmosy, Expresidente de Paraguay
- Hipólito Mejía, Expresidente de República Dominicana
- Luis Alberto Lacalle H., Expresidente de Uruguay
- Julio María Sanguinetti, Expresidente de Uruguay
- Juan Guaidó, Expresidente (E) de Venezuela
- Luis Fortuño, Exgobernador de Puerto Rico