El Poder Judicial frenó una de las medidas más controvertidas del presidente Javier Milei al invalidar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien resolvió que la protección de los niños con discapacidad prevalece frente a las restricciones fiscales del Gobierno nacional.
La causa se originó en la presentación de los padres de dos menores con diagnóstico de autismo, quienes denunciaron que las instituciones educativas de sus hijos habían advertido sobre la imposibilidad de sostener tratamientos y transporte debido a los recortes oficiales. Ante esa situación, recurrieron a la Justicia para asegurar el acceso a derechos básicos.
El magistrado fundamentó su decisión en la inconstitucionalidad del veto, señalando que la emergencia en discapacidad debía priorizarse por encima de cualquier cálculo presupuestario. La medida judicial podría convertirse en un antecedente relevante para otras familias que atraviesan problemas similares.
La norma impulsada por el Congreso preveía ampliar el alcance de las pensiones no contributivas a quienes posean el Certificado Único de Discapacidad, lo que podría incorporar hasta 946.000 beneficiarios. Además, establecía un mecanismo de actualización salarial por inflación para los profesionales, un bono de $100.000 para compensar la pérdida de ingresos y fondos adicionales para talleres protegidos. El financiamiento de estas medidas representaba un impacto marginal sobre el PBI, con porcentajes que van del 0,0008% al 0,42%, según estimaciones oficiales.
Aunque el fallo ofrece un alivio a las familias afectadas, el Gobierno todavía puede apelar y buscar revertir la decisión en instancias superiores.
