El reciente fallo del Superior Tribunal de Córdoba generó un amplio debate sobre el futuro del transporte urbano en la provincia.
Durante años, la Municipalidad intentó prohibir aplicaciones como Uber, pero finalmente la Justicia se pronunció en favor de la libre elección laboral. La decisión del TSJ de Córdoba establece que no se puede prohibir a las personas trabajar, un principio fundamental que, sin embargo, viene acompañado de una serie de requisitos que transforman a Uber casi en un taxi. Esto plantea interrogantes sobre el verdadero objetivo de la regulación.
Los requisitos impuestos a Uber son tan estrictos que, en esencia, la plataforma deja de ser lo que originalmente se concibió.
La Corte exige que la empresa se radique en Córdoba, que pague tasas locales y que sus vehículos pasen la Inspección Técnica Vehicular cada cuatro años. Este enfoque se asemeja más a la regulación de un servicio de taxis que a la flexibilidad que caracteriza a las aplicaciones de transporte.
Como dice el tribunal, «no se puede prohibir a la gente que trabaje», pero la pregunta es: ¿es este el camino correcto para regular un servicio que nació como una alternativa a los taxis tradicionales?
La realidad es que el modelo de negocio de Uber se basa en la flexibilidad. Los conductores utilizan sus propios vehículos y ofrecen un servicio que se adapta a la demanda.
Sin embargo, al imponer requisitos que igualan a Uber con los taxis, se corre el riesgo de desvirtuar su esencia. La plataforma se ideó para ofrecer una opción más económica y accesible, especialmente en momentos de alta demanda. Pero al exigir que cumpla con normativas propias de los taxis, se pierde esta ventaja competitiva.
Un aspecto curioso que se pasó por alto es cómo las aplicaciones transformaron el panorama del transporte. Antes, los taxis circulaban vacíos, buscando clientes de manera aleatoria. Ahora, con la llegada de las aplicaciones, los autos están casi siempre ocupados, lo que reduce costos operativos y mejora la eficiencia. Esta transformación no solo afecta a los conductores, sino también a los pasajeros, que ahora tienen acceso a un servicio más ágil y rápido.
El sistema de taxis en Córdoba enfrenta un dilema. A pesar de los altos costos y regulaciones que deben cumplir, no logran adaptarse a un entorno donde la competencia cambió drásticamente.
Las regulaciones que antes garantizaban un monopolio ahora parecen obsoletas en un mundo donde la tecnología redefine las relaciones sociales y económicas. Los taxis, que antes eran la única opción, ahora deben coexistir con nuevos modelos de negocio que ofrecen servicios similares.
El fallo del tribunal refleja una falta de comprensión sobre el impacto tecnológico en el transporte. No se trata solo de una aplicación en un teléfono, sino de un cambio profundo en la forma en que nos movemos y nos relacionamos. La justicia cordobesa, al igual que muchos otros actores en este debate, parece no haber asimilado la magnitud de este cambio. Mientras tanto, los taxistas se sienten amenazados por un nuevo competidor, y Uber se encuentra en una zona gris de la legalidad.
Además, la situación del transporte público en Córdoba es alarmante. Solo el 40% de la población paga un boleto de colectivo, mientras que el sistema se encuentra subfinanciado y no logra satisfacer la demanda. En este contexto, la falta de taxis y Uber solo agrava la situación.
