Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, formalizaron su decisión de presentarse como querellantes en el juicio que se lleva a cabo en la Justicia de Estados Unidos por la expropiación de una parte de YPF en 2012.
La acción judicial busca «defender los intereses regionales y evitar que una eventual sentencia adversa afecte el patrimonio de las provincias productoras«. La presentación se realizó ante la Corte de Nueva York, donde se tramita la demanda del fondo Burford Capital.
Los argumentos de los mandatarios para pedir ser incluidos como querellantes en el fallo YPF
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue uno de los principales impulsores de la medida y explicó que la decisión se tomó porque la provincia se vio directamente afectada, ya que el fallo de la magistrada neoyorkina «no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF y que solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado, en este caso el Estado Argentino», según manifestó.
El mandatario chubutense agregó que «luego de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, el grupo Eskenazi le vende el juicio que había iniciado contra la República Argentina reclamando una indemnización por el procedimiento expropiatorio a un fondo muy conocido por los argentinos por el daño que le ha hecho al país».
En el escrito se cita el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias la propiedad original de los recursos naturales: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Además, menciona la Ley de Hidrocarburos que manifiesta que los yacimientos en el territorio y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales.
Fallo YPF: los antecedentes del caso
El caso se originó en septiembre de 2023, cuando la jueza Loretta Preska condenó a Argentina por no haber extendido la oferta de compra a todos los accionistas minoritarios durante la estatización de YPF. La demanda provino del fondo Burford Capital, que adquirió los derechos litigiosos tras la quiebra del Grupo Petersen.
Preska condenó a Argentina a pagar US$ 16.099 millones a los fondos Petersen y Eton Park. Este fallo sigue vigente, y el Gobierno ha advertido que su ejecución podría aniquilar las reservas del país.
