La Sala II de la Corte de Justicia de la Provincia resolvió rechazar el recurso de inconstitucionalidad por salto de instancia («per saltum») interpuesto hace seis meses por la defensa de José «Jota» Eduardo Figueroa, acusado de asesinar a su pareja, Mercedes Kvedaras, el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal. La resolución fue adoptada luego de que la parte defensora impugnara la aplicación del Plan Piloto de Oralidad en su causa a través de Acordadas y solicitara que el juicio continuara bajo el régimen ordinario del Código Procesal Penal.
La Sala II de la Corte de Justicia de la Provincia resolvió rechazar el recurso de inconstitucionalidad por salto de instancia («per saltum») interpuesto hace seis meses por la defensa de José «Jota» Eduardo Figueroa, acusado de asesinar a su pareja, Mercedes Kvedaras, el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal. La resolución fue adoptada luego de que la parte defensora impugnara la aplicación del Plan Piloto de Oralidad en su causa a través de Acordadas y solicitara que el juicio continuara bajo el régimen ordinario del Código Procesal Penal.
El planteo de la defensa
El recurso interpuesto por la defensa de Figueroa argumentaba que la aplicación del Plan Piloto de Oralidad constituía una reforma legislativa encubierta del procedimiento penal, contraviniendo los principios de legalidad procesal, república, indelegabilidad de las facultades y juez natural establecidos en la Constitución Provincial. Asimismo, citaba precedentes judiciales y normativas que respaldarían su postura, incluyendo el fallo «Dromi» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Ley 26.790 y varias acordadas de la Corte local.
Según la defensa, la imposición del Plan Piloto de Oralidad en la causa de Figueroa constituía un «caso de extrema gravedad institucional» con impacto más allá del proceso individual, ya que podría afectar a otros imputados sometidos a esta modalidad procesal.
La resolución de la Corte
La Corte de Justicia provincial, en su resolución, consideró que el «per saltum» solicitado no reunía las condiciones necesarias para su admisión, ya que la defensa no logró demostrar una situación de «necesidad pública de inusitada excepcionalidad» que justificara la intervención de la Corte antes de agotar las instancias ordinarias de revisión.
El tribunal destacó que el recurso de «per saltum» es de aplicación restrictiva y solo procede cuando se verifican cuestiones de gravedad institucional manifiesta que impacten más allá del caso particular. Además, la Corte enfatizó que la defensa disponía de vías ordinarias para impugnar la decisión del Tribunal de Juicio y que no se había acreditado que el Plan Piloto de Oralidad vulnerara derechos fundamentales.
En su fallo, la Corte también señaló que la Ley 26.790, invocada por la defensa, no resulta aplicable en materia penal ni ha tenido recepción legislativa en el ámbito provincial. Así, resolvió rechazar la presentación, confirmando la continuidad del proceso de Figueroa bajo el Plan Piloto de Oralidad.
Los puntos del planteo
Fuentes señalaron que el recurso interpuesto en agosto de 2024 por el abogado defensor Juan Casabella Dávalos se basó en la doctrina del «per saltum» o «recurso omisso medio», que permite acudir directamente a la Corte cuando existen cuestiones de gravedad institucional y la necesidad de una resolución expedita. La defensa argumentó que la aplicación del Plan Piloto de Oralidad en este caso violaba principios constitucionales, ya que imponía un procedimiento procesal no legislado sin el consentimiento del imputado, lo que equivaldría a una reforma encubierta del Código Procesal Penal. Se afectaba el principio de juez natural, ya que el plan piloto alteraba la forma de selección de los magistrados intervinientes. Se transgredía el principio de legalidad procesal, dado que el Plan Piloto de Oralidad fue implementado por la Corte de Justicia de Salta mediante acordadas, cuando el poder para legislar sobre el proceso penal recae en la Legislatura Provincial. Se generaba una situación de gravedad institucional, ya que la aplicación del plan podría extenderse a todos los imputados penales en la provincia.
Más dilaciones
En mayo de 2024, José «Jota» Eduardo Figueroa, acusado de asesinar a su pareja, Mercedes Kvedaras, el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal, sufrió un revés judicial cuando Luciano Martini, juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación, rechazó una apelación del requerimiento de elevación a juicio que había realizado la defensa del imputado.
En la misma instancia, Martini y el juez Ramón Esteban Medina rechazaron la recusación que se había planteado contra la jueza de Garantías 6, Sandra Espeche. La defensa había expuesto que la magistrada «prejuzgó» cuando aceptó el requerimiento de la elevación a juicio. Los jueces consideraron que no incurrió en esa postura y que solo valoró los elementos del expediente.
Todo listo para que se haga el juicio
Con esta decisión de la Corte de Justicia de Salta, se confirmó que habría juicio contra José «Jota» Figueroa, sobre quien recae la acusación de supuesto autor del delito de homicidio doblemente calificado por relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género. El crimen tuvo repercusión nacional. Además de golpearla varias veces, en la investigación se determinó que Kvedaras murió por asfixia mixta por estrangulamiento y sofocación.
José Figueroa, acusado de asesinar a su esposa.
El 16 de febrero de 2024, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 6. En la documentación, con más de 200 páginas, que elevó Poma se expusieron distintas medidas probatorias producidas durante la investigación, que constituyeron los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.
Palos en la rueda
Al mes siguiente, la defensa de Figueroa solicitó ante la Justicia el pedido de nulidad de la elevación a juicio. Cuestionaron la pericia informática sobre el teléfono del acusado. Fuentes judiciales señalaron que reclamaban las desgrabaciones en formato papel, no obstante estaba el contenido en un CD.
A un año del pedido de elevación a juicio, la causa sigue sin avances concretos en la realización del debate oral. La dilación del proceso ha sido notoria, generando incertidumbre sobre los plazos judiciales en casos de femicidio. La falta de definiciones sobre la fecha de inicio del juicio sigue siendo una de las principales preocupaciones para la familia de la víctima y sectores que siguen el caso.
