El juez Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación de por lo menos 96 muertes derivadas del suministro de fentanilo contaminado, ordenó este lunes el allanamiento en la casa de la jefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Bisio, de la ex responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y de otros tres directivos de ese ente gubernamental que depende del ministerio de Salud de la Nación.
También se requirió orden de retiro de documentación en la sede central del organismo, en avenida de Mayo 850 y en las oficinas de Iname, en la avenida Caseros de la ciudad de Buenos Aires.
El magistrado requirió el secuestro de documentación y los celulares de funcionarios que están o estuvieron a cargo de esas reparticiones.
Según confirmaron a Clarín fuentes judiciales, los procedimientos se realizan para “preservar elementos de prueba de carácter documental y los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados, con relación a las eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la materia derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado”.
Las fuerzas policiales federales comenzaron esta mañana los operativos en cinco domicilios de responsables (o ex responsables) de áreas dentro del organismo encargado del control y supervisión de la elaboración de medicamentos en el país.
Las órdenes involucran la actual titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y se realiza en su casa de Olivos; a la ex titular del Iname Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, en la ciudad de Quilmes; a la directora de fiscalización y gestión de riesgo del Iname, Ana Laura Canil, en CABA; a la directora de pos comercialización y acciones regulatorias del Iname, Mariela Baldut, en CABA, y al jefe de departamento de inspectorado del Iname, Maximiliano Carlos Lalín, también en CABA.
No es la primera vez que la investigación orienta su mirada hacia el ente regulador. En la segunda quincena de mayo, cuando el caso tenía apenas 10 días de desarrollo, Kreplak había requerido a la fuerza pública el retiro de elementos de las mismas oficinas que ahora se allanan.
La muerte de -por lo menos- 96 personas, a quienes les suministraron fentanilo en las terapias intensivas de una decena de establecimientos sanitarios del país, puso el foco sobre la empresa que comercializó el fármaco, HLB Pharma, y el fabricante, Laboratorios Ramallo.
Ambas -igual que la droguería que los repartió- pertenecen a la familia de Ariel Fernando García Furfaro, quien está detenido en esta causa junto con otros seis sospechosos. Entre ellos sus dos hermanos -Hernán y Diego-, su madre Nélida Furfaro (con domiciliaria por la edad) y otros responsables técnicos de las empresas.
La detención de Ariel García Furfaro.Pero también se apuntó sobre las deficiencias en los controles. Las fallas en los mecanismos de regulación y la relajación en la tarea de inspeccionar y sancionar a los laboratorios, un resorte que es exclusivo de ANMAT.
Bisio, quien ahora tendrá que entregar su teléfono y otros elementos personales, declaró como testigo cuando recién se inició el proceso.
Pero el pedido de detención de los García y de otros directivos incorporó -en un escrito de más de 150 fojas- duros cuestionamientos que la fiscal Laura Roteta detectó y enumeró, relacionados con las funciones de ANMAT, Iname y otras reparticiones del Estado.
En el pedido de detención de la fiscalía intervino también el fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien actúa cuando hay funcionarios y entes estatales comprometidas en una causa.
Según dicen los fiscales, la ANMAT y esas dependencias tuvieron “ineficiente tarea de contralor”. Y aunque no se identifican cuestionamientos directos o individuales explícitos hacia Mariela Baldut, Ana Laura Canil o Maximiliano Lalín, sus firmas aparecen en informes que documentan deficiencias, lo cual forma parte de su función.
El fiscal de investigaciones administrativas consideró que los «cuantiosos antecedentes administrativos» (276 expedientes, 133 por desvíos de calidad) de HLB y Laboratorios Ramallo, desde 2018 hasta 2025, revelaban un «incumplimiento grave, sistemático y sostenido en el tiempo» de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Y que a pesar de haber sido «constatados a lo largo de años por el organismo de control competente (ANMAT)», los laboratorios siguieron funcionando.
En el extenso escrito de los fiscales, se planteó la hipótesis de «conductas penalmente reprochables, por parte de distintos funcionarios de la Administración Pública Nacional», incluyendo la ANMAT.
Podría tratarse, dicen, de «negligencia, connivencia o complicidad» con los sucesos investigados. Por eso, se solicitó revocar la calidad de querellante al Ministerio de Salud de la Nación.
Esas cuestiones intentará develar Kreplak con el análisis de los celulares de los funcionarios y con el secuestro de documentación. Por el momento, la causa tiene 17 imputados. En esa lista no figuran las cinco personas que ahora son sometidas a medidas de “restricción” impuestas por el Juzgado Federal N° 3 de La Plata.
EMJ
