Mónica Ferrero aseguró también que ordenó que se investigaran las filtraciones y que buscará un mayor control en la «publicidad» de las formalizaciones penales.
Foto: Francisco Flores/Archivo El País.
Redacción El País
La Fiscalía General de la Nación está en el centro del debate político desde hace tiempo, pero especialmente en las últimas semanas a partir de los cuestionamientos que volvieron a hacer dirigentes de primera línea del Partido Nacional, que cargaron contra la institución a la que acusan de sesgo político —sobre todo luego de la imputación por ocho delitos de corrupción contar el exintendente Guillermo Besozzi.
Ese es el contexto de fondo con el que la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, compareció este miércoles de tarde ante la Comisión de Asuntos Políticos del Senado, para en rigor explicar los criterios que se tienen en cuenta a la hora de definir los ascensos de los fiscales, que era el tema formal de su convocatoria.
Sin embargo, en el diálogo con los legisladores que duró más de dos horas —y que una gran cantidad de ese tiempo no contó con registro taquigráfico por motivos de seguridad, ya que Ferrero es también fiscal de Drogas— se abordaron temas que hacen a la actualidad del organismo.
Por ejemplo, la jerarca aseguró que la Fiscalía dejará de publicar en su sitio web oficial los textos de las formalizaciones penales que hayan sido apeladas por las defensas de los imputados en audiencia —aunque los fundamentos de las imputaciones y lo alegado ante el juez seguirá disponible en los juzgados para la prensa.
También indicó que hay investigaciones en curso sobre filtraciones de investigaciones a determinados fiscales, que es parte de las críticas que se ha hecho desde la actual oposición.
Pero la jerarca centró buena parte de su exposición ante los senadores sobre los problemas presupuestales que arrastra el Ministerio Público desde hace varios años, y que entiende como «graves».
Ferrero, de hecho, ya está trabajando en el mensaje presupuestal que deberá enviarse en las próximas semanas al Parlamento para la aprobación del presupuesto quinquenal, y hay algunas áreas de la institución que considera «urgente» atender.
Foto: Carla Bonilla; Estudio Cervieri Monsuarez
Entre ellas, según señalaron a El País fuentes parlamentarias, está la necesidad de crear nuevas fiscalías, y en la comisión se refirió puntualmente a la importancia de contar con dos oficinas especializadas en cibercrimen —más allá de la Unidad de Cibercrimen con que ya cuenta la Fiscalía.
Para la jerarca, la necesidad de tener equipos fiscales especializados en este tipo de delitos quedó de manifiesto en los últimos días, cuando el Estado sufrió el hackeo de varias páginas web oficiales, como ocurrió en los sitios de la propia Presidencia de la República, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Universidad de la República (Udelar).
«Para atender los ataques cibernéticos se requiere una preparación mayor», dijo una fuente del Ministerio Público.
Al mismo tiempo, la fiscal de Corte también compartió la necesidad identificada de crear una «escuela de fiscales», como una instancia formativa esencial para el ingreso a la institución, como ocurre con los jueces, que deben pasar por el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay.
En términos generales, Ferrero encontró «receptividad» a sus planteos, señalaron allegados a la jerarca, aunque los reclamos presupuestales de la Fiscalía no vienen siendo atendidos a cabalidad por el sistema político, como suele denunciar con frecuencia públicamente el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa.
Difusión de investigaciones en el centro de la oposición, adelantó Bianchi
En la agenda legislativa para este período estará el Código del Proceso Penal aprobado en noviembre de 2017, y que a juicio del sistema político tiene defiencias a atender.
Para la oposición, una de ellas es la divulgacion de datos sensibles de las investigaciones, sin mayor control, que ha permitido el actual sistema acusatorio.
La senadora blanca Graciela Biancho dijo al respecto que ese es «uno de los puntos que siempre trae problemas» y que desde la coalición se buscará subsanar mediante la vía legislativa.
«Se fue de un extremo a otro, donde (ahora) todo se sabe y el problema es que muchas veces (lo que se difunde) no son pruebas comprobadas, valga la redundancia, sino datos», dijo en rueda de prensa.
¿Encontraste un error?
Reportar
