Asunción, 6 mar (EFE).- Un equipo de fiscales de Paraguay pidió desestimar una denuncia relacionada con la investigación de la muerte en agosto pasado de un diputado del oficialismo, quien resultó abatido en un presunto cruce de disparos con las autoridades durante un allanamiento en su vivienda, informó este jueves el Ministerio Público.
Los fiscales Luis Said, Cristian Ortiz y Celso Morales requirieron a un juzgado penal de Garantías de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay (norte), «la desestimación» de la denuncia que abrió una causa para investigar el hecho punible contra la vida del cual resultó víctima el diputado Eulalio ‘Lalo’ Gomes, de 67 años, señaló la Fiscalía en un comunicado.
La denuncia fue presentada contra los agentes policiales de la Fuerza de Operaciones Especiales (Fope), quienes intervinieron en el allanamiento en el que murió Gomes el 19 de agosto pasado, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La solicitud de la Fiscalía «se sustenta en el resultado de una investigación exhaustiva que incluyó pericias criminalísticas, informes médicos forenses, declaraciones testificales y análisis jurídicos, que demostraron que el uso de la fuerza letal, se dio como respuesta a una agresión armada iniciada por el propio Gomes», destacó la nota.
En ese sentido, el Ministerio Público «consideró que no existe hecho punible atribuible a los policías», pues sostienen «que actuaron dentro de los márgenes de la ley».
Según la Fiscalía, los peritajes realizados confirmaron que el diputado «utilizó su pistola Glock calibre 9 mm y que los primeros disparos provinieron desde su habitación».
El escrito presentado por el equipo fiscal, que fue difundido por medios locales, establece que la conducta del subcomisario Carlos Darío García, «que ocasionó la muerte» de Gomes, «no reúne todos los presupuestos de la punibilidad y, por lo tanto, no constituye hecho punible».
Los agentes fiscales, que pertenecen a distintas unidades especializadas de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sostuvieron que la acción de García, «que consistió en disparar contra una persona que, a su vez, estaba disparando contra él, estaba amparada por una causa de justificación, en este caso, la legítima defensa».
En ese sentido, los fiscales argumentaron que la conducta del policía fue «típica pero no antijurídica».
El equipo fiscal concluyó, según el documento, que ante la situación en la que se encontraba García «no existía otra alternativa posible al empleo y modo de uso que este hizo de su arma de fuego reglamentaria».
Después del operativo en el que murió Gomes, el ministro del Interior, Enrique Riera, explicó a medios locales que los agentes «fueron recibidos a tiros» y argumentó que «se respondió en consecuencia».
La familia del legislador fallecido denunció entonces un «atropello» y argumentó que el político «no tuvo tiempo de reaccionar».
El abogado de la familia Gomes, Óscar Tuma, tachó el pasado 21 de agosto de «inadmisible e ilógica» la versión de un presunto enfrentamiento con las autoridades y denunció la falta de evidencias clave como la ropa del occiso o fotografías del levantamiento del cadáver.
El diputado falleció a consecuencia de dos impactos de proyectil de arma de fuego que ingresaron en el tórax, que causaron una «muerte instantánea», según informó el pasado 20 de agosto el director de Medicina Forense del Ministerio Público de Paraguay, Pablo Lemir. EFE
