El jefe de una misión de la Unión Europea (UE) dijo este viernes que la Fiscalía de Guatemala mantiene una «estrategia de intimidación» contra los «defensores de la democracia» en el país centroamericano.
La Fiscalía, a cargo de Consuelo Porras, sancionada por la UE y Estados Unidos que la consideran «corrupta» y «antidemocrática», ha abierto desde 2021 polémicas causas contra exfiscales anticorrupción, jueces, abogados independientes y periodistas, entre otros críticos a su gestión.
Porras también emprendió causas contra las elecciones de 2023 que pusieron en riesgo la toma de posesión presidencial en 2024 del socialdemócrata Bernardo Arévalo, a quien los fiscales también buscan investigar por supuesto lavado de dinero.
«El Ministerio Público (Fiscalía) continúa su estrategia de intimidación que tiene como objetivo amedrentar a los actores y operadores políticos, jurídicos, miembros de la sociedad civil, observadores electorales, responsables de los pueblos ancestrales, periodistas y, en definitiva, todo aquel que sea un defensor del marco democrático en Guatemala», dijo en conferencia de prensa el jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE, Jordi Cañas.
«La intención (de la Fiscalía) es clara: extender el miedo a consecuencias penales que paralicen, silencien a los defensores de la democracia», agregó.
Cañas, exeurodiputado español y su equipo, llegaron el lunes a Guatemala para dar seguimiento a las recomendaciones realizadas en 2023 a varias instituciones y partidos políticos para mejorar el sistema electoral guatemalteco.
El jefe de la misión electoral para Guatemala agregó que la elección de los nuevos magistrados del tribunal electoral, corte constitucional y fiscal general, previstos para 2026, «constituyen una oportunidad para normalizar la situación político-electoral del país».
La semana pasada, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, también criticó a la Fiscalía y pidió a Porras detener la «criminalización» contra personas que «luchan contra la corrupción».
La fiscal general, que tiene mandato hasta mayo de 2026, asegura que la institución que dirige «investiga» y «no criminaliza», mientras que el presidente Arévalo busca medidas legales para destituirla al carecer de facultades para removerla del cargo.
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