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miércoles, abril 2, 2025

Fiscalía prorrogó medidas cautelares para imputados por torturas durante la dictadura en San Javier

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En la jornada de este lunes continuaron las audiencias de control de acusación, donde se controla la prueba presentada por la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad.

Juicio por el homicidio de Zelmar Michelini y Hector Gutierrez Ruiz
Ricardo Perciballe, fiscal de delitos de lesa humanidad.

Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Redacción El País
La Justicia, a solicitud de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, prorrogó por 120 días las medidas cautelares para los nueve imputados por delitos cometidos en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos (Río Negro) cometidos contra 11 personas entre los años 1980 y 1984, durante la dictadura cívico-militar.

En la jornada de este lunes continuaron las audiencias de control de acusación, donde se controla la prueba presentada por la Fiscalía. Para los militares retirados Óscar Mario Roca, Ivo Morales y Abel Pérez el fiscal Perciballe solicitó 15 años y seis meses de penitenciaría por considerarlos «autores de reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves».

Por otro lado, para los militares retirados Héctor Caubarrere y Jorge Soloviy, el fiscal pidió una pena de 14 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos. Además, para Daniel Castellá y Rodolfo Costas, Perciballe solicitó una condena de 13 años y seis meses, también por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves, según informó Fiscalía en un comunicado.

Además, para Luis Estebenet, la Fiscalía solicitó una condena de 11 años y seis meses de cárcel por los mismos delitos. Además, para Eduardo Saiz, el fiscal Perciballe pidió una condena de 13 años de penitenciaría.

Se estima que entre jueves y viernes de esta semana culminen las audiencias de control de acusación. Luego, el caso pasará en manos de un juez que llevará adelante el juicio oral y público y dictará sentencia.

El caso investiga privaciones ilegítimas de la libertad y torturas a Vladimir Roslik y otros residentes de la localidad de San Javier, en los operativos llevados a cabo en la colonia rusa en los años 1980 y 1984. El asesinato de Roslik ocurrió el 16 de abril de 1984.

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