En América Latina, la mortalidad vinculada al calor aumentó un 103% entre los periodos de 1990-1999 y 2012-2021. Numerosos reportes científicos advierten que la exposición prolongada a altas temperaturas no solo genera deshidratación o agotamiento, sino también daños agudos y crónicos en órganos vitales como el cerebro, los riñones y el corazón. Pero el calor va mucho más allá de los riesgos médicos directos: impacta en el acceso al agua y los alimentos, altera los ecosistemas, transforma los patrones de lluvia, propicia los incendios y compromete las economías dependientes del clima, como sucede con la Argentina.
El año pasado fue el más caluroso desde que existen registros. Cada ciclo reciente ha superado al anterior, lo que configura una tendencia ininterrumpida. Lo que sí preocupa, explica Stella Hartinger, directora de la investigación anual The Lancet Countdown Latin America, es que esa aceleración térmica ya se traduce en un deterioro tangible de la salud humana.
Hartinger encabeza la edición regional del informe global The Lancet Countdown, que se publica desde hace nueve años y que ofrece una de las radiografías científicas más completas de la emergencia climática actual.
Según el reporte 2025, la temperatura promedio del continente subió un grado respecto al período 2001–2010. Puede parecer un margen menor, pero su efecto varía ampliamente. En Bolivia, por ejemplo, el incremento llegó a 2°C, mientras que en la Argentina fue de 0,5°C. Aunque los números parecen modestos, sus implicancias locales son enormes: cada décima se multiplica según la densidad urbana, los materiales de construcción o la falta de áreas verdes.
“En un mismo país, el impacto no es homogéneo”, detalla Yasana Palmeiro Silva, doctora en Salud Pública por la University College London y coautora del informe. “Las grandes urbes como Buenos Aires, Córdoba o Mendoza concentran condiciones locales que amplifican el calor. Un promedio de un grado puede sentirse como dos o tres más”, explica.
Palmeiro Silva aclara que el cambio climático no actúa solo. Fenómenos como El Niño o La Niña, la urbanización descontrolada o la altura de los edificios pueden potenciar los riesgos y alterar el microclima. Por eso, los investigadores identifican las ciudades como los principales focos de vulnerabilidad. En ellas surgen las llamadas islas de calor, burbujas donde los factores climáticos se mezclan con los efectos directos de la actividad humana.
Desde 1990 hasta 2021, América Latina y el Caribe registraron un aumento sostenido en la mortalidad atribuida al calor, con un salto notable a partir de 2008. Solo en los últimos nueve años, esas muertes representaron 855 millones de dólares anuales en pérdidas económicas, además de una merma en la productividad laboral equivalente a 52.000 millones de dólares en ingresos.
El calor extremo castiga sobre todo a quienes menos recursos tienen. Los barrios densamente poblados, con viviendas precarias y sin acceso a refrigeración, soportan temperaturas que pueden ser varios grados más altas que el promedio urbano. A ello se suma la inestabilidad energética: los cortes de luz durante las olas de calor agravan el riesgo sanitario y amplían la desigualdad.
En el contexto regional, la Argentina no se encuentra entre los países con los mayores aumentos térmicos —los lideran Bolivia, Venezuela y México—, pero los efectos locales no dejan de ser graves. En los últimos años, el país avanzó en políticas de adaptación, en especial a nivel provincial y con apoyo nacional. Fue el primero en América Latina en implementar sistemas de alerta temprana por calor, a través del Servicio Meteorológico Nacional, y cuenta con protocolos de emergencia para incendios y olas de calor. Sin embargo, los expertos coinciden en que las medidas todavía resultan insuficientes frente a la magnitud del cambio.
Un estudio elaborado por Climate Central, la Cruz Roja y Media Luna Roja y la red World Weather Attribution determinó que 2024 no solo fue el año más cálido en promedio, sino también el que registró más días de calor extremo.
Este último concepto no es una cuestión de percepción. Los climatólogos lo definen como los días en que las temperaturas superan el 90% de los valores registrados entre 1991 y 2020. Entre mayo del año pasado y este, se contabilizaron 67 eventos de este tipo, aunque no todos estuvieron vinculados directamente al cambio climático. Para identificar esa conexión, los meteorólogos usan modelos de atribución que comparan escenarios con y sin la influencia de los gases de efecto invernadero.
De acuerdo con The Lancet Countdown Latin America, la Argentina perdió más de US$2180 millones entre 2015 y 2024 por muertes asociadas al calor, con un promedio anual de casi US$1975 millones, lo que implica un incremento del 124% respecto de la década de 2000–2009.
Palmeiro Silva puntualiza que los mayores riesgos recaen sobre los adultos mayores de 65 años y los bebés de menos de un año. “En la Argentina observamos un aumento relativo del 446% en la mortalidad por calor entre los períodos 1981–2000 y 2015–2024”, precisa. Parte del incremento se explica por razones demográficas: la esperanza de vida supera hoy los 75 años, cuando en 1960 apenas alcanzaba los 65. “Ambas curvas crecieron casi en paralelo, pero hay años en los que las olas de calor se intensifican por factores como El Niño o La Niña”, agrega.
En los lactantes, aunque la proporción es menor (211%), el impacto preocupa igual. “El número de nacimientos bajó, por lo que ese porcentaje representa una situación más grave de lo que parece”, advierte la especialista.
Para que un incendio cobre magnitud, basta la combinación de combustible, viento y una chispa. En la Argentina, esta última es provocada por el ser humano en el 95% de los casos, según datos oficiales. Los combustibles naturales —matorrales secos, bosques degradados o pastizales—, sumados a la sequía prolongada, conforman un cóctel explosivo.
El informe de The Lancet Countdown Latin America señala que la potencialidad de incendios creció significativamente durante el último año. Aunque la acción humana sigue siendo determinante, los cambios climáticos amplifican el riesgo. “La evidencia científica muestra que las condiciones ambientales ya hicieron más vulnerable al país, más allá de las malas prácticas”, sostiene Palmeiro Silva.
El estudio identifica a Salta, Formosa, Santa Cruz y Chaco como las provincias con mayor superficie afectada por más de seis meses de sequía, lo que las convierte en las más propensas a sufrir incendios de gran escala. Pero ninguna región está completamente a salvo: el riesgo se extiende, en mayor o menor medida, por casi todo el territorio nacional.
En la Patagonia, las comunidades ya viven en estado de vigilancia permanente. Sofía Nemenmann, comunicadora y activista radicada entre Bariloche y El Bolsón, cuenta que tanto las autoridades como la población local enfrentan “una alerta sin precedentes”. “El Gobierno acortó la temporada de quema de campos —una práctica tradicional en la zona—, mientras el Servicio Nacional de Manejo del Fuego extendió la temporada de incendios, que este año va de octubre a marzo”, explica.
El escenario es particularmente delicado porque 2025 se perfila como un año de sequía severa. Tras la experiencia devastadora de 2024, los vecinos se organizaron para fortalecer la prevención. “Hicimos talleres, proyecciones de películas, capacitaciones y la asistencia fue masiva todo el año”, cuenta Nemenmann.
Según The Lancet Countdown, los incendios afectan la salud de manera directa —por el fuego y el humo— e indirecta, a través del aumento de la inseguridad alimentaria, el deterioro de la salud mental y la pérdida de medios de vida. También generan pérdidas económicas en infraestructura, productividad y sistemas de salud.
La salud mental, subraya Nemenmann, sigue siendo un tema pendiente en la Argentina. “No existen mecanismos de contención para los brigadistas como en otros países. Sufren un desgaste físico y emocional enorme, también familiar. Se pierden cumpleaños, navidades, años nuevos. Pasan meses aislados y, además, trabajan en condiciones precarias”, describe.
