El diputado Marcelo Bermúdez criticó a magistrados que no aplicaron la normativa recientemente sancionada. Desde su bloque hablaron de corporativismo judicial y compararon a la Asociación de Magistrados con “La Nicolino”.
En la 18° sesión ordinaria de la Legislatura neuquina, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) apuntó contra jueces provinciales que —según sostuvo— se negaron a aplicar la ley de reiterancia N° 3514, sancionada recientemente.
Bermúdez recordó que junto a su bloque remitieron una carta al juez Maximiliano Bagnat, de San Martín de los Andes, consultándole por qué no aplicó la norma en un caso de narcotráfico, cuando sí lo había hecho en un delito menor. “¿Por qué se le aplica reiterancia a un ladrón de gallinas y no a un narco?”, cuestionó.
El legislador señaló que la nota generó respuestas del Colegio de Jueces del Interior y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que consideraron la acción como una intromisión indebida en otro poder del Estado. Bermúdez calificó esas reacciones como “corporativas” y defendió el derecho de la Legislatura a pedir explicaciones.
También criticó al juez Luis Giorgetti, de Neuquén, por no aplicar la ley en un caso puntual al considerarla inconstitucional. “La falta de aplicación genera puertas giratorias que ponen en riesgo a la sociedad y a las fuerzas de seguridad”, advirtió.
A su turno, el diputado Damián Canuto (PRO-NCN) bautizó irónicamente a la Asociación de Magistrados como “La Nicolino”, en referencia al boxeador Nicolino Locche, “el intocable”. “Queremos que quede claro que los jueces se sienten intocables”, afirmó, al acusar a algunos magistrados de “matar la ley” por motivos ideológicos.
En su intervención, Canuto también cuestionó que el Consejo de la Magistratura provincial no pueda evaluar a los jueces, tras la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la reforma constitucional de 2006.
Críticas al Gobierno nacional
El debate legislativo también incluyó cuestionamientos al Gobierno nacional. El diputado Alberto Bruno (Fuerza Libertaria) denunció el recorte de más de 110 mil pensiones por discapacidad en agosto, que implican un ajuste de casi 32 mil millones de pesos mensuales. “Los ajustes recaen sobre los sectores más vulnerables mientras persisten irregularidades en contrataciones públicas”, advirtió.
En tanto, el diputado Andrés Blanco (FIT-U) denunció un “ataque directo a la libertad de prensa y de expresión” por parte del Ejecutivo nacional, señalando que a través de medidas cautelares y denuncias judiciales se busca censurar el trabajo periodístico y tapar el escándalo de coimas revelado en audios difundidos recientemente.
