El pasado lunes por la tarde en el barrio Santa Elena de Guernica, policías bonaerenses en un uso excesivo y desmedido de la fuerza terminaron disparando en tres oportunidades contra Wilson en la puerta de su domicilio, un joven de 32 años, trabajador pastelero, artista circense, padre, reconocido y querido por sus vecinos. Sus familiares cuentan que él se encontraba transitando un padecimiento de salud mental y una mala administración de las dosis de su medicación género un estado de alteración, la respuesta de los efectivos frente a esta situación fue la de tirar a matar. Señalan también un intento de la fuerza de encubrir el hecho con mentiras y culpando a la víctima.
Lamentablemente Wilson después de encontrarse internado peleando por su vida, perdió la misma, su hermano lo comunicó a través de un mensaje en redes donde exige justicia y llama a despedirlo con una movilización y encuentro artístico en la fuente del municipio de Presidente Perón este sábado 18 de Octubre a las 18:00h, llenando las calles de “indignación y arte (lo que él amaba)”.
El caso de Wilson no es aislado, es una práctica reiterada de la Policía Bonaerense bajo responsabilidad de Kicillof y el ministro Alonso, hace años es denunciada por violencia institucional en el conurbano y los barrios populares, por casos de gatillo fácil y su complicidad con el gran delito como el narcotráfico y la trata. Este se suma a los casos de gatillo fácil de Matías Paredes, Bastián Escalante, la represión en el merendero del barrio IAPI de Quilmes y casos de brutalidad policial como los de Lautaro Abregú, Dylan Bustamante, donde las prácticas de la fuerza represiva se repiten, también la impunidad y la complicidad para encubrir estos hechos.
El Estado es responsable, cuando desde el propio poder político, los gobiernos y la justicia se alienta la represión policial con discursos y campañas de mano dura o se avalan desde el silencio y la impunidad, tanto la violencia policial como los casos de gatillo fácil se multiplican. Sumado a una situación de crisis social, precarización de la vida y aumento de las enfermedades mentales, es el brazo armado del Estado el que reprime la crítica situación social y eso se cobra con vidas en los barrios populares. Otra realidad presente son los crecientes recortes en salud pública, en coberturas de tratamientos y en políticas para abordar los casos de salud mental, la precarización de sus trabajadores con salarios de pobreza que no se actualizan, fraude en la relación laboral y el no reconocimiento como profesionales de la salud.
