Una reunión clave de gobernadores tuvo lugar en la provincia de Entre Ríos, donde mandatarios de distintos signos políticos coincidieron en su rechazo a recientes modificaciones fiscales impulsadas por el Gobierno nacional a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA). Según estimaciones de los presentes, estas medidas podrían derivar en una pérdida de ingresos cercana al billón de pesos para las provincias.
El encuentro se desarrolló en el marco de una jornada de trabajo organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) bajo el lema “Una hoja de ruta hacia un futuro federal”. Participaron gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca) y el anfitrión Rogelio Frigerio (Entre Ríos), además del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.
Durante el evento, Ziliotto expresó una fuerte crítica a las modificaciones fiscales adoptadas por ARCA que afectan a la masa de recursos coparticipables. En particular, se refirió a los cambios en el esquema de anticipos de Ganancias y en las retenciones del IVA a operaciones aduaneras. “Estas decisiones generan una caída automática en la coparticipación que perciben las provincias, comprometiendo seriamente su planificación presupuestaria”, señaló.
El subsecretario de Ingresos Públicos de La Pampa, Alejandro Vicente, detalló que la recaudación provincial ya comenzó a resentirse. Explicó que el nuevo régimen implica que las empresas anticipen sus pagos de Ganancias en cuotas más elevadas, lo que modifica el flujo de fondos distribuidos a las provincias. Además, se eliminó la retención del IVA en las importaciones, lo que reduce aún más los ingresos compartidos.
Vicente advirtió que se trata de la tercera medida de este tipo en los últimos meses y no descartó la posibilidad de nuevas decisiones que profundicen el impacto fiscal. También remarcó que la Nación se encuentra en una posición más sólida gracias al incremento en las retenciones al agro, mientras que las provincias no cuentan con ingresos alternativos en crecimiento.
La preocupación compartida entre los gobernadores trasciende las diferencias partidarias. Según Vicente, esta situación podría derivar en dificultades concretas para cumplir con pagos corrientes en algunas jurisdicciones, lo que configura un escenario de vulnerabilidad que, a su juicio, se asemeja al que enfrentaron las provincias en 2017, cuando se aplicaron recortes similares.
Desde los distintos gobiernos provinciales se espera una reacción conjunta para frenar lo que consideran un avasallamiento fiscal que pone en riesgo la autonomía de los estados subnacionales. Las críticas apuntan a que estas decisiones no pasaron por el Congreso y fueron aplicadas de forma unilateral, sin consenso ni consulta previa.
