Felipe Olaya Arias
En América Latina, el concepto de gobierno abierto ha ganado protagonismo en la última década. La creación de portales de datos públicos, la aprobación de leyes de transparencia y la adhesión a compromisos internacionales han sido avances importantes. Sin embargo, el verdadero desafío no es tecnológico, sino político y cultural: transformar la transparencia en participación y los datos en decisiones compartidas.
Desde 2011, la Alianza para el Gobierno Abierto ha motivado a gobiernos regionales y locales a implementar estrategias multilaterales. Según la OCDE, los países que integran transparencia, participación y rendición de cuentas no sólo ofrecen mejores servicios públicos, también fortalecen la confianza ciudadana.
Casos como los de Chile, Uruguay y Brasil, líderes regionales en datos abiertos, demuestran que cuando se abren las puertas del Estado, también se abren oportunidades para innovar y acercar el gobierno a la ciudadanía.
Pero publicar datos no es suficiente. La OCDE advierte que muchos portales son simples repositorios sin contexto ni usabilidad. En México, una evaluación de la OEA reveló una brecha preocupante: aunque se publica información, no se habilitan procesos reales de deliberación ni cocreación de políticas.
En la era digital, dejar al ciudadano frente a una tabla de Excel sin explicación es como invitarlo a una biblioteca sin luz.
El reto es activar esos datos. Incluir a jóvenes, emprendedores, comunidades rurales y organizaciones sociales en la construcción, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas. No se trata sólo de abrir archivos, sino de abrir conversaciones.
La OCDE y el CAF han identificado cinco ejes estratégicos para avanzar hacia un gobierno digital con propósito:
- Gobernanza interinstitucional, con compromisos claros y mecanismos de rendición de cuentas.
- Capacitación en habilidades digitales y de análisis de datos, tanto para funcionarios como para ciudadanos.
- Integración de plataformas, evitando la fragmentación institucional.
- Diseño de servicios centrado en el usuario, con principios de usabilidad y cercanía.
- Fomento a la innovación pública, mediante hackatones, retos abiertos y laboratorios ciudadanos.
Uruguay es un caso ejemplar. Su portal unificado no sólo integra servicios, sino que permite consultas en lenguaje natural y habilita espacios de participación ciudadana para evaluar políticas.
México, por su parte, fortaleció su marco normativo con la Ley General de Transparencia de 2015, aunque aún enfrenta retos en materia de articulación digital.
El camino está trazado. El reto no es simplemente cargar datos, sino distribuir poder. Para el Estado, esto implica transformar los portales en espacios vivos de diálogo. Implica que ministerios, alcaldías y agencias superen la lógica burocrática y comiencen a escuchar y a co-producir con la ciudadanía.
Un verdadero gobierno abierto en la era digital es aquel que permite a una madre participar en la discusión del presupuesto educativo de su barrio, a un emprendedor proponer soluciones a problemas de acceso a servicios, o a una comunidad rural monitorear el uso del agua.
Más allá de la transparencia, se trata de convertir el acceso a la información en acción pública: democrática, creativa e inclusiva. Si actuamos así, podremos convertir los gobiernos abiertos en gobiernos verdaderamente digitales: sensibles a las voces ciudadanas, capaces de generar confianza y motores de progreso colectivo.
