Decenas de ellas son archivadas y desestimadas, señaló el oficial Diario de CentroAmérica, en referencia a 59 del primer caso (casi un 20 por ciento) y 16 del segundo, además que el ente investigativo tiene pendientes de asignación 17.
En investigación están 175 (alrededor del 59 por ciento), cuatro cerrados mediante criterios de oportunidad, tres en reapertura, solo una en etapa intermedia y otra en la de condena, detalló ese mecanismo vigente desde mayo del pasado año.
Con el sector administrativo guardan relación 83 denuncias, salud (58), infraestructura (45), seguridad (41), trabajo (16), educación y desarrollo social (14), respectivamente, entre otros.
Como engavetadas se encuentran tres del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; dos de ellas, por reportes falsos de avance físico en obras públicas.
En el Ministerio de Educación se encarpetaron dos expedientes: uno por omisión de registros de salarios no devengados, con posibles delitos de apropiación y retención indebida, y otro por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar.
Aparte, se desecharon dos más en contra de funcionarios implicados por cohecho pasivo en cobros ilegales a maestros para obtener plazas 021 y por un proceso anormal en la contratación de seis mil docentes.
En el caso del Ministerio de Salud, se excluyeron 21 expedientes y se guardaron tres. Los hechos incluyen robo de materiales de construcción, sustracción de medicamentos, extravío de documentos oficiales, y demás.
El miembro del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Cristhians Castillo, calificó de importante saber cuáles son esas denuncias y quiénes estarían involucrados.
Esto, por un posible intento de encubrimiento por parte del MP, afirmó el analista, quien recordó que la fiscal general, Consuelo Porras, fue reelecta por el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).
Podría darse una tendencia a desestimar casos que comprometan su gestión, amplió Castillo, citado por el medio.
El fundador de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, advirtió que el MP ignoró también la mayor parte de acusaciones presentadas por organizaciones sociales.
«El 90 por ciento de las denuncias que realizamos son cerradas sin mayor investigación. La gente pierde la esperanza y deja de creer en la justicia», reflexionó.
«Esto genera una resignación peligrosa, porque se asume que la corrupción tiene impunidad garantizada», lamentó Marroquín, candidato a la presidencia del país en las elecciones de 2019.
otf/znc
