Asunción, 20 feb (EFE).- El Gobierno de Paraguay informó este jueves que intervino en las últimas horas dos cárceles en los departamentos de San Pedro (norte) y Guairá (este), en las que denunció la presencia de grupos criminales, entre ellos el autodenominado ‘Pueblo de Israel’, que las autoridades consideran una escisión del Clan Rotela, una organización acusada de narcotráfico.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, declaró a la radio ABC Cardinal que en la penitenciaría regional de San Pedro se realizó este jueves una requisa y fueron identificados seis reclusos a los que acusó de buscar «reorganizar» a una escisión del Clan Rotela.
Nicora indicó que el operativo en la prisión de San Pedro se ordenó tras recibir información de inteligencia que alertó sobre la presencia del grupo ‘Pueblo de Israel’, que -según el ministro- surgió luego de que un integrante del Clan Rotela tuviera «una diferencia» con el líder de esa organización, Javier Rotela.
«Esta nueva cabeza intenta reagrupar y reorganizar a este grupo que quedó de alguna manera marginado (del Clan Rotela)», afirmó.
Los seis internos fueron trasladados a la Penitenciaría Regional de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná (este), que cuenta con un módulo de alta seguridad.
Además, el titular de Justicia indicó que este miércoles se desarrolló una operación en la cárcel de Villarrica, en el departamento de Guairá, donde 15 reclusos -presuntamente vinculados al Clan Rotela- también fueron trasladados a otro penal que no precisó de inmediato.
La intervención en la cárcel de Villarrica se decidió después de identificarse un «reagrupamiento» de presuntos miembros del Clan Rotela, agregó el funcionario.
El Gobierno de Paraguay reconoció el miércoles una sobrepoblación «en casi todas» las cárceles del país, diseñadas para unos 10.200 presos, pero que alberga a 18.956 personas.
La penitenciaría de San Pedro tiene el mayor índice de hacinamiento del país, estimado en un 1.105 %, ya que alberga 1.636 presos pese a que su capacidad, conforme los estándares de derechos humanos, es de 148 personas, según datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
El MNP alertó en su anuario estadístico de 2024 sobre un «abuso de la prisión preventiva» en el país, donde el 57 % de los reclusos -10.116 internos- está bajo prisión preventiva, es decir, sin condena en firme. EFE
