En conferencia de prensa llamada La Ronda, el mandatario explicó que accionan además corrigiendo el desastre que administraciones anteriores dejaron por corrupción e incompetencia en muchas áreas de la gestión pública.
No hace falta ahondar en el escándalo que fue la concesión inicial del puerto Quetzal (ubicado en el municipio de San José, occidental departamento de Escuintla) durante el gobierno de Otto Pérez (2012-2015), recordó el jefe de Estado.
En defensa de los intereses del Estado, describió, la Procuraduría General de la Nación, en su momento promovió una acción de inmunidad absoluta del contrato de constitución de usufructo y prestación de servicios entre Empresa Portuaria Quetzal y la Entidad Terminal de Contenedores (APM Terminal).
Tal condición legal pasó a desaparecer, no existía más, y esto le presentó al Gobierno un reto gigante, argumentó el político de 66 años.
Preguntó cómo mantener la continuidad de la operación portuaria sin un contrato vigente con un prestador de servicios que siguiera el funcionamiento de la Terminal de Contenedores en el puerto.
De esa forma, añadió Arévalo, evitara poner en riesgo un sector económico clave que gestiona más del 45 por ciento de las mercancías exportadas por el país y aproximadamente el 30 de las importaciones.
No nos quejamos ni nos quedamos con los brazos cruzados, actuamos con dos objetivos claros: el primero, estabilizar la operación desde el marco legal y asegurar la continuidad de las operaciones de contenedores en el puerto, expuso.
El segundo, proyectar una nueva etapa con una licitación internacional abierta y transparente, “donde otros dejaron una bomba de tiempo, nosotros pusimos orden, legalidad y le abrimos puertas a un mejor futuro”, acotó.
Guatemala se está haciendo cargo de sus puertos, no solo manteniéndolos, sino viendo hacia adelante y expandiéndolos, subrayó el presidente.
Remarcó que trabajan junto con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para modernizar puerto Quetzal, algo que extenderán a Izabal, en el Atlántico.
El titular de la Junta Directiva de Empresa Puerto Quetzal, José Lemus, insistió en que en julio de 2024 la situación era incertidumbre, por la desconfianza en torno a la operación.
Encontramos, en conjunto, el modelo adecuado para funcionar, rompiendo esta parte de la nulidad, la gestión indirecta, que contempla la reglamentación interna de Puerto Quetzal, amplió el ejecutivo.
La directora legal y de Relaciones Interinstitucionales de APM Terminals, Carla Ramírez, resaltó que este proceso es un ejemplo de las coordinaciones del trabajo entre el sector público y privado para encontrar soluciones de país.
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