A pesar del crecimiento económico en diversos países de América Latina, millones de personas continúan dependiendo de trabajos informales para sobrevivir. Esta realidad, que va más allá de simples cifras, refleja una profunda desigualdad estructural que afecta el bienestar y la estabilidad de las familias trabajadoras en la región.
Según datos recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la informalidad laboral no es solo un fenómeno extendido, sino también persistente. En países como Bolivia, por ejemplo, casi el 80% de la población ocupada no cuenta con seguridad social, contratos formales ni acceso a prestaciones básicas, lo que posiciona a esta nación entre las más afectadas a nivel global. En otras economías andinas, como Perú y Ecuador, la situación también es preocupante, con más de dos tercios de sus trabajadores en condiciones informales.
Incluso en potencias regionales como México y Brasil, donde se concentra una parte importante del PIB latinoamericano, la informalidad afecta a una porción considerable de la fuerza laboral: más de la mitad en el caso mexicano y poco más de un tercio en el brasileño. Sin embargo, en contraste, países como Chile y Uruguay han logrado avances importantes con tasas de informalidad inferiores al 30%, en parte gracias a políticas sostenidas en protección social y regulación laboral.
Para la OIT, la solución no pasa únicamente por crear más empleos, sino por garantizar que estos sean de calidad. Frente a este panorama, el debate no debería centrarse solo en cuántas personas trabajan, sino en cómo trabajan y qué condiciones tienen para proyectar un futuro estable.
La persistencia de la informalidad laboral en América Latina no solo revela una debilidad estructural en los sistemas económicos de la región, sino que también limita las posibilidades de desarrollo social a largo plazo. Combatir este fenómeno requiere mucho más que voluntad política: implica rediseñar políticas públicas, fortalecer instituciones laborales y apostar por modelos inclusivos que integren a todos los trabajadores en condiciones dignas. El verdadero progreso no se medirá solo en crecimiento económico, sino en la capacidad de garantizar trabajo decente para todos.
