Un año después de la muerte de dos ballenas jorobadas en la Patagonia chilena, la organización internacional Greenpeace denunció obstruccionismo por parte de las empresas salmoneras en la investigación.
Los activistas protestaron por los escasos avances judiciales y criticaron que aún no se haya identificado a los responsables, pese a que las necropsias de los cetáceos revelaron lesiones compatibles con redes y cuerdas utilizadas en la industria.
“Estas ballenas viajaron miles de kilómetros buscando refugio y encontraron grandes amenazas, jaulas, embarcaciones y negligencia estatal. Un año después, las empresas salmoneras siguen sin entregar toda la información y la justicia aún no ha dado una respuesta”, declaró Roxana Núñez, encargada de Incidencia de Greenpeace Andino.
Falta de informes y aplicación de la ley
Greenpeace subraya que las compañías salmoneras no han entregado los informes completos solicitados y reclama que Chile cuente con protocolos y peritajes adecuados para este tipo de casos.
Desde 2023, una ley establece penas de hasta 10 años de cárcel y grandes multas económicas por afectar zonas protegidas. Sin embargo, la organización denuncia que la legislación no se está aplicando correctamente.
“Hoy existe una ley que castiga a quienes destruyen ecosistemas protegidos, pero la falta de acción y coordinación amenaza con convertirla en una promesa más que en una herramienta real de justicia”, añadió Núñez.
Las áreas afectadas incluyen el Parque Nacional Laguna San Rafael y la Reserva Nacional Kawésqar, ambos territorios protegidos a nivel medioambiental.

Los impactos de la salmonicultura en Chile
El caso de las ballenas refleja un problema mayor: los graves impactos ambientales y sociales de la industria salmonera en Chile, especialmente en ecosistemas vulnerables como la Patagonia.
Impactos ambientales
- Contaminación: la cría intensiva genera desechos orgánicos (fecas y alimento no consumido) que consumen oxígeno y liberan compuestos tóxicos. Se suman antibióticos, plásticos y redes abandonadas.
- Pérdida de biodiversidad: los escapes de salmones amenazan especies nativas al competir por alimento o depredarlas.
- Sobreproducción: acusaciones de tecnologías obsoletas y exceso de producción que generan más desechos de los que los ecosistemas pueden soportar.
Impactos sociales y culturales
- Conflictos con comunidades locales: la industria altera prácticas tradicionales de pesca artesanal en zonas como Chiloé, Puerto Montt y Aysén.
- Impacto en pueblos indígenas: comunidades como los Kawésqar denuncian falta de consulta previa y afectación de sus territorios ancestrales.
- Amenaza a otros proyectos: el turismo y actividades recreativas temen la degradación de ecosistemas prístinos como el río San Pedro.
Preocupaciones de salud pública
- Uso excesivo de antibióticos: Chile utiliza más antibióticos en salmonicultura que otros países, generando residuos que pueden llegar al consumo humano.
- Resistencia bacteriana: el consumo de residuos de antibióticos en el salmón puede contribuir al desarrollo de bacterias resistentes.
Justicia ambiental en juego
La denuncia de Greenpeace pone en evidencia la tensión entre la protección de ecosistemas marinos y los intereses de grandes compañías. La organización insiste en que la ley chilena debe aplicarse con rigor, incluso cuando los responsables son actores económicos poderosos.
La muerte de las ballenas jorobadas se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de la Patagonia frente a la expansión salmonera y en un llamado urgente a fortalecer la fiscalización, la transparencia y la justicia ambiental.
El caso de la muerte de las ballenas jorobadas en la Patagonia expone las contradicciones de la industria salmonera en Chile: mientras se promueve como motor económico, sus impactos ambientales, sociales y sanitarios generan conflictos y ponen en riesgo ecosistemas únicos.
La exigencia de Greenpeace y de comunidades locales es clara: aplicar la ley, garantizar justicia y proteger los territorios que son patrimonio natural y cultural. La pregunta que queda abierta es si las autoridades tendrán la voluntad de hacerlo o si la legislación seguirá siendo letra muerta frente al poder de las grandes compañías.





