Dirigentes sindicales más combativos impulsan un paro de 24 horas y una movilización cuando el Senado vote el texto que el Gobierno busca convertir en ley. La central obrera analiza alternativas judiciales y políticas para frenar una norma que consideran regresiva.
Sectores sindicales fuertemente críticos con la reforma laboral que propone el Ejecutivo argentino redoblan la presión sobre la conducción de la central obrera mayoritaria para lanzar una medida de fuerza de amplio impacto.
Las organizaciones vinculadas a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) encabezan un espacio de gremios adversos al proyecto que planean un paro de 24 horas acompañado de 12 horas de movilización para el próximo viernes 27 de febrero, fecha en que el Senado Nacional podría votar el texto con modificaciones para convertirlo en ley.
Una fuente sindical confirmó que la propuesta será formalizada durante una reunión del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y luego será elevada a la conducción central. Sectores como Aceiteros, Pilotos y ATE buscan sumar adhesiones para generar un impacto contundente en las calles y en los lugares de trabajo.
Los críticos del proyecto argumentan que la reforma —que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados— contiene artículos que erosionan derechos laborales clave, afectan condiciones de empleo y debilitan la capacidad de acción colectiva. Esta postura coincide con el malestar expresado en el último paro general, que paralizó buena parte del transporte urbano, servicios e industria durante una jornada.
En paralelo, la central obrera mayoritaria evalúa recursos judiciales una vez que la norma sea finalmente aprobada, con alegatos centrados en posibles violaciones de garantías constitucionales y de principios de no regresividad de derechos sociales.
Aunque la conducción sindical ha desplegado medidas de protesta en los últimos meses, la presión interna por endurecer las acciones es cada vez mayor entre los sectores más combativos, que califican las negociaciones moderadas como insuficientes frente a lo que consideran una ofensiva sobre los derechos de los trabajadores.
