Asunción, 9 feb (EFE).- Gremios expresaron este domingo su preocupación ante las denuncias sobre una presunta trama de corrupción en el sistema de Justicia de Paraguay, que supuestamente involucra a legisladores, fiscales y jueces en «favores» y «ofrecimientos de dinero», y advirtieron sobre su impacto en la confianza hacia el país y en la inversión extranjera.
«En el buen funcionamiento de las instituciones está la diferencia que separa la tribu, donde rige la ley de la selva, de una sociedad que, en el marco de la Ley, sostenida en principios y valores, crea las condiciones para que sus integrantes desarrollen sus proyectos de vida con libertad y amparados por la Justicia», señaló la Unión de Gremios de la Producción (UGP) en un comunicado.
En el documento, titulado «El Paraguay que defenderemos», aluden a «dos países muy diferentes que conviven día a día».
«Hay un Paraguay que se esfuerza para superar los problemas y salir adelante trabajando, produciendo, transformando y creando valor. Hay otro Paraguay que aprovecha descaradamente el fruto de esos esfuerzos, lo ostenta y se regodea en una impunidad que deteriora las instituciones que rigen las convivencia ciudadana», agregó la UGP, que exhortó a defender ese país «que respeta las leyes».
La polémica que rodea a la Justicia se desató el lunes después de que el juez penal especializado en crimen organizado Osmar Legal remitiera una comunicación al Ministerio Público sobre supuestos indicios de «corrupción pública» relacionada con «pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero» en unos presuntos chat extraídos de un celular del fallecido diputado oficialista Eulalio ‘Lalo’ Gomes.
‘Lalo’ perdió la vida en agosto pasado en un presunto choque con las autoridades durante un allanamiento a su vivienda.
Se trata de mensajes vía WhatsApp, según Legal, entre Gomes, su correligionario Orlando Arévalo -quien renunció el sábado a su curul de diputado y previamente a un órgano de control judicial que integraba-, las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano y la jueza Sadi López, que también dimitió.
Dos juezas más están bajo «sumario administrativo», por resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También este sábado se manifestó la Unión Industrial Paraguaya (UIP), e indicó en un comunicado que las «recientes revelaciones de conversaciones» han «dejado en evidencia una trama de manipulación y tráfico de influencias que traiciona los principios fundamentales del Estado de derecho».
«Estas prácticas nos remontan a épocas en las que el poder se ejercía sin control ni transparencia, como en las autocracias medievales», opinó la agremiación.
En ese sentido, advirtió «con firmeza» que «sin instituciones sólidas y transparentes, no hay inversión, no hay empleo y no hay progreso» y sentenció que el país «necesita reglas claras, seguridad jurídica y un compromiso inquebrantable con la ética pública para seguir creciendo»
«No basta con indignarse; es imprescindible que la sociedad en su conjunto condene estas prácticas y exija instituciones transparentes, íntegras y comprometidas con el bienestar ciudadano», añadió.
La Cámara de Comercio Paraguay Brasil difundió el sábado en Instagram una declaración en la que manifiesta su «profunda preocupación» por «la divulgación de graves irregularidades en torno al poder Judicial».
«Es imperativo contar con un Poder Judicial independiente e imparcial, no hipotecado a los intereses políticos, para garantizar que todos los ciudadanos sean tratados con igualdad ante la ley», señaló la Cámara, al considerar que se pone en riesgo la macroeconomía, el grado de inversión, la imagen del país y se desalienta «potencialmente la inversión extranjera».EFE
