Por Simón Antonio Ramón, Prensa Comunitaria/ Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2025.
El capítulo IV. B es una sección del informe anual sobre situación de derechos humanos que elabora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una lista de países violadores de derechos humanos en la que Guatemala aparecía desde 2021. En el informe correspondiente a 2024, y dado a conocer la semana pasada, Guatemala ya no figura en dicha lista. El anuncio si bien es recibido de forma positiva por diferentes grupos, no deja de ser una noticia agridulce ante la criminalización y persecución de la que son objeto autoridades indígenas, periodistas, jueces y abogados independientes.
En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre situación de derechos humanos del año 2024, presentado la semana pasada, Guatemala aparece fuera del capítulo IV.B. lugar en dónde se mantenía desde 2021 junto a países señalados de violar derechos de su población, según el artículo 56 del Reglamento de la Comisión.
Se trata de una lista donde la CIDH coloca a los países donde se observan graves violaciones a los derechos humanos, un documento en el que figuran desde hace varios años Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Si un país es incluido en este capítulo del informe significa que sus políticas y leyes internas no están en armonía con los instrumentos regionales sobre derechos humanos como la independencia judicial, la participación en espacios cívicos y democráticos, el derecho a la protesta, la libertad de expresión, el acceso a la justicia y el debido proceso y otros.
Durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Alejandro Giammattei el país estuvo en este capítulo.
El contexto por el que Guatemala fue incluido en el capítulo IV.B, de 2015, se debió a que en un año antes se registraban graves violaciones en materia de derechos humanos.
En enero de 2015, la CIDH ofreció al Estado de Guatemala la posibilidad de realizar una visita in loco a partir de una invitación del país a la Comisión.
Sin embargo, el gobierno de Pérez Molina informó, en febrero de ese año, que se podría realizar la visita hasta septiembre. La CIDH replanteó la fecha entre abril y mayo, pero el gobierno se excusó “por ser un año electoral”. Por lo que en el informe de 2015, publicado en 2016, el país siguió apareciendo junto a Cuba y Venezuela.
De 2021 a 2023, durante el gobierno de Giammattei, Guatemala volvió a aparecer en esta lista.
Todos los actos de criminalización que se generaron durante este tiempo fueron condenados por diferentes organismos de derechos humanos tanto nacionales e internacionales. En ese momento la CIDH señaló “el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática en el país”, las injerencias sistemáticas contra la independencia del sistema judicial, irregularidades en el proceso de elección de magistrados, la criminalización y estigmatización de jueces.
En el informe de aquel año, la CIDH apunta que se agudizaron acciones e injerencias sistemáticas contra la independencia judicial, debilitando y obstaculizando la labor de órganos que junto a la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) destacaban por su trabajo independiente e imparcial en el combate a la corrupción e impunidad, y respecto a la investigación, procesamiento y juzgamiento de casos emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos vinculados al conflicto armado interno.
En el año 2022, el Estado guatemalteco propuso una ruta de trabajo como revisión de casos en trámite en la Comisión; seguimiento de peticiones; capacitaciones; y requerimientos específicos, pero no se concretaron. En este año, se intensificaron la persecución judicial, la criminalización y el abuso procedimiento de antejuicios con la finalidad amedrentar y retirar de su cargo a operadores de justicia vinculados a casos del conflicto armado interno.
En el 2023, la CIDH señaló que el abuso de poder con fines político-electorales durante el año electoral de 2023, por una serie de injerencia del Ministerio Público “que pusieron en entredicho los resultados del proceso, socavando y contrariando el Estado de derecho colocando en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”.
A lo largo de estos años, la CIDH pidió en reiteradas ocasiones visitar Guatemala, a pesar de la apertura que se había tenido en 2022, pero no se concretó ninguna invitación para visitas oficiales del sistema interamericano.
¿Qué cambió en 2024?
Para que un Estado salga de este capítulo se deben atender las recomendaciones que la CIDH le hace o extender una invitación para una visita in loco para que en el informe del siguiente año no sea incluido en este apartado, según el reglamento de la Comisión Interamericana.
En el año 2024, esta situación cambió con la toma de posesión del gobierno de Bernardo Arévalo, momento en el que se permitió una visita in loco de la CIDH, según el informe de la Comisión.
El reglamento de la entidad establece que el año que la CIDH realiza una visita a un país, no será incluido en el capítulo IV.B y se emitirá un informe con recomendaciones para que el país no sea incluido de nuevo en dicho capítulo.
“Son avances que no solo se cristalizan en la aplicación de mi gobierno, sino que son logros que se dan por simplemente el principio de poner al pueblo digno primero”, dijo el presidente Bernardo Arévalo sobre el informe.
Según el informe, la CIDH reconoció avances como la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera; la invitación a la visita in loco a la CIDH, en julio de 2024, y a otros mecanismos de protección a derechos humanos; y el fortalecimiento de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer (CONAPREVI).
Las violaciones a derechos humanos persisten
La misma CIDH en su informe señala que continúa la criminalización y falta de independencia judicial, dos situaciones alarmantes.
“La CIDH observa la persistencia de la instrumentalización del sistema de justicia para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, líderes políticos —incluyendo al presidente de la República—, referentes sindicales e indígenas y, de manera general, a quienes han participado en la lucha contra la impunidad y la corrupción”, se lee en el informe.
El documento que se refiriere a los avances y desafíos de derechos en la región, durante 2024, señala que en el país se continúa con la instrumentalización de la justicia para la criminalización de personas que defienden los derechos humanos.
En el sistema de justicia se refirió al proceso de elección de Cortes realizado entre junio y octubre de 2024. “También preocupan las alegadas injerencias en el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría, así como las denuncias sobre la falta de cumplimiento de los estándares internacionales en esa materia”.
Las reacciones desde Guatemala han sido diversas, porque el contexto de criminalización y persecución continúa como la detención de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, directivos de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023, y que fueron detenidos el 23 de abril de 2025, acusados de terrorismo y obstaculización a la acción penal.
Por lo que, a consideración de Juan Francisco Renoj, secretario de los 48 Cantones el país puede volver al capítulo IV.B ante las condiciones actuales. “Si hubo una evaluación anterior que le dio la facultad al Estado de Guatemala para salir de ese listado es un avance, lamentamos mucho que actualmente haya un retroceso y no podría haber otro accionar más lógico que nuevamente pueda estar en esa lista; ante los ojos de toda la población guatemalteca en sus diferentes órganos específicamente el MP y el Organismo Legislativo que han vulnerado una serie de derechos humanos”, señaló.
La presidenta de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, valoró positivamente la salida del país del capítulo IV.B. “Definitivamente es positivo. Porque resulta una imagen muy negativa para un país y marca una gran preocupación que un país esté en una lista de naciones que no garantiza los derechos humanos”, afirmó.
Sin embargo, dijo que de continuar las actuales condiciones se corre el riesgo de regresar a esa lista como lo planteó el secretario de los 48 Cantones. “Si el Estado de Guatemala continua sin garantizar el tema de justicia independiente, una tutela judicial efectiva, corremos el riesgo de ser incluidos nuevamente en el capítulo”, aseguró.
Juan Francisco Sandoval Alfaro, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) hasta junio de 2021, actualmente en el exilio, señaló que Guatemala debe atender las recomendaciones del sistema interamericano en temas señalados por la recomendación del informe como la protección de la libertad de expresión y del espacio cívico, el establecimiento de garantías para el ejercicio del periodismo y trabajo de defensores de derechos humanos, procesos transparentes y meritocrático para la elección de funcionarios como la elección de fiscal general, Corte de Constitucionalidad y la restauración condiciones de la cooperación internacional.
“Si no se dan esas condiciones nuevamente regresaremos a un capítulo que lamentablemente denota un retroceso o que el Estado no cumple sus compromisos en materia de derechos humanos”, dijo.
Una jueza independiente, quien habló con Prensa Comunitaria a condición de anonimato, señaló que Guatemala debió continuar en este capítulo dado que la persecución continúa.
“Creemos que ha habido algunos avances dado que el poder ejecutivo se encuentra a cargo de un gobierno democrático, sin embargo, por la cooptación de las instituciones del Estado creemos que no es oportuno retirarnos del capítulo IV.B, porque aún hay instituciones que están siendo instrumentalizadas para criminalizar a distintos sectores de la sociedad que resultan incomodos por sus pronunciamientos, en el caso del sistema de justicia por sus decisiones”, dijo.
