Después de meses de discusión y negociaciones políticas, el Congreso aprobó la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. La normativa sustituye un marco legal con más de dos décadas de vigencia y busca fortalecer la capacidad del Estado para combatir estructuras criminales, corrupción y financiamiento ilícito, sin afectar la economía informal ni el uso legítimo de efectivo.
Es noticia. El Congreso dio luz verde a una de las reformas más relevantes para el sistema financiero en los últimos años. La nueva legislación reúne en un solo cuerpo legal las disposiciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en respuesta a estándares internacionales y a la necesidad de actualizar la normativa vigente.
- La ley establece expresamente que no persigue la economía informal, no criminaliza el uso de dinero en efectivo y no tiene fines tributarios.
- La normativa amplía el listado de sujetos obligados a aplicar controles preventivos, entre ellos bancos, aseguradoras, casas de cambio, prestamistas, comercializadores de vehículos y determinados profesionales.
- El texto incorpora mecanismos específicos para combatir el financiamiento del terrorismo y fortalece los sistemas de supervisión basados en riesgo.
Cómo funciona. La legislación incorpora herramientas que ya utilizan distintos países para rastrear estructuras financieras complejas y detectar operaciones sospechosas.
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- La figura del beneficiario final obliga a revelar a la persona que controla o recibe los beneficios efectivos de un fideicomiso u otra estructura jurídica.
- Las entidades reguladas deberán verificar la identidad de los clientes, conocer el origen de los fondos, conservar registros y reportar operaciones sospechosas.
- La supervisión aplicará controles diferenciados según el nivel de riesgo que representen los clientes, actividades económicas o transacciones.
Entre líneas. El propósito consiste en cerrar espacios que facilitan el movimiento y encubrimiento de capitales de origen ilegal.
- La ley exige controles reforzados para las Personas Expuestas Políticamente (PEP), categoría que incluye funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas a ellos.
- Las entidades sujetas a supervisión deberán contar con programas internos de cumplimiento, procedimientos de control y sistemas de gestión de riesgos.
- El nuevo esquema dificulta el uso de empresas de papel, prestanombres y estructuras opacas utilizadas para ocultar patrimonio o recursos ilícito.
Lo que sigue. La entrada en vigencia de la ley abre una nueva etapa para las instituciones encargadas de la supervisión financiera y la persecución penal. El éxito de la reforma dependerá de la coordinación entre autoridades y del cumplimiento de las nuevas obligaciones.
- La Superintendencia de Bancos calificó la aprobación como un hito para fortalecer la transparencia, integridad y resiliencia del sistema financiero guatemalteco.
- El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, afirmó que la ley dota al país de herramientas más modernas para enfrentar el narcotráfico, la corrupción, las extorsiones y el lavado de dinero.
