Un nuevo informe del CACIF y FUNDESA pone en blanco y negro que Guatemala se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado transnacional en el hemisferio occidental.
En perspectiva. El estudio, titulado “Drugs, Guns and Cash: A Strategic Threat to the Americas”, advierte que el país enfrenta una convergencia sin precedentes entre tráfico de drogas, armas, migración y lavado de dinero, que ya no son fenómenos separados, sino piezas de un mismo engranaje criminal que debilita la gobernabilidad, corrompe las instituciones y erosiona el Estado de derecho.
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Describe un escenario alarmante: hasta un 40 % del territorio guatemalteco estaría bajo control o influencia de estructuras criminales.
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Guatemala, señala, maneja aproximadamente el 50 % de la cocaína que ingresa a EE. UU., operando como centro logístico de rutas que conectan Sudamérica con México.
Por qué importa. Las redes criminales han logrado cooptar autoridades locales, policías y estructuras judiciales, utilizando la corrupción como principal herramienta de control político. A esto se suma la expansión de rutas migratorias como canales de tráfico humano, contrabando y lavado, uniendo la economía ilícita con el drama humanitario.
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El estudio también subraya que el lavado de dinero se ha sofisticado.
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El efectivo en grandes volúmenes ahora circula mediante empresas pantalla, bienes raíces y criptoactivos.
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Las brechas regulatorias en materia de antilavado de dinero y la falta de cooperación efectiva entre las unidades de inteligencia financiera han permitido que capitales ilícitos se inserten cada vez más en el sistema formal con facilidad.
Visto y no visto. Frente a este panorama, el informe deja entrever un vacío que resulta preocupante. EE. UU. no está prestando suficiente atención a la dimensión centroamericana del problema. Aunque la DEA y el INL (Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley) mantienen programas en la región, su enfoque sigue centrado en la contención de flujos y no en la transformación estructural del territorio donde el crimen ya gobierna.
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La embajada estadounidense, pese a su historial de colaboración, ha optado en los últimos años por priorizar temas políticos e institucionales sobre la seguridad transnacional, justo cuando el crimen organizado se reorganiza y extiende su influencia a los municipios más débiles.
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Esa falta de foco estratégico podría tener consecuencias regionales. Con México enfrentando una crisis de control territorial, Guatemala corre el riesgo de convertirse en el nuevo corredor dominante del narcotráfico hacia el norte, con los Huistas, los carteles del Golfo y de Sinaloa consolidando operaciones transfronterizas y alianzas locales.
Entre líneas. El informe plantea un dilema claro: o se refuerzan las instituciones de seguridad y justicia, o la economía criminal absorberá completamente el sistema político. La historia reciente demuestra que, en Latinoamérica, la fragmentación del poder estatal abre paso al “populismo de seguridad” —líderes autoritarios que prometen orden mediante la fuerza—, pero destruyen las bases del Estado de derecho.
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Guatemala ya muestra síntomas de ese desgaste, más allá de lo que la percepción ciudadana evidencia.
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La violencia rural, el avance del narco en áreas fronterizas, la infiltración en gobiernos municipales y la falta de coordinación interinstitucional componen un escenario propicio para el autoritarismo disfrazado de solución inmediata.
En el radar. Aun así, el documento concluye con una nota de esperanza, y es que el sector privado organizado guatemalteco está asumiendo un rol de liderazgo frente a una amenaza que trasciende la economía formal. CACIF y FUNDESA proponen una matriz regional de cooperación —centrada en inteligencia compartida, patrullajes fronterizos y armonización de leyes contra el lavado y el tráfico de armas—, lo que representa un llamado directo a la acción tanto para las autoridades nacionales como para los aliados internacionales.
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EE. UU. debería interpretar este esfuerzo como una ventana de oportunidad estratégica.
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Apoyar de manera decidida al sector privado y a las instituciones guatemaltecas comprometidas con el Estado de derecho es, hoy, la mejor inversión en seguridad hemisférica.
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Dejar que el crimen siga expandiéndose en silencio solo acercará a Centroamérica a un punto de no retorno. Guatemala está enviando una señal clara, una que Washington no puede darse el lujo de ignorar.
